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ONG envían 32 nuevos casos a la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela



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CPI Corte Penal Internacional Chile
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TalCual | noviembre 11, 2022

El Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza recopilaron documentación sobre ataques y persecución, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. A juicio de estas ONG, los patrones de los casos que fueron presentados a la CPI «son claros» y coincidentes con el informe de la OEA presentado en 2018 y los que elaboró luego la Misión de Determinación de Hechos de la ONU


La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH), que es integrada por varias ONG como Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, envió una nueva comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) con 32 nuevos casos en donde se ratifica que en el país se cometieron  presuntos crímenes de lesa humanidad y que no hubo una actuación concreta por parte del Estado para sancionarlos.

Estas ONG, en su tercera comunicación a la CPI, se basaron en testimonios de víctimas directas de estos supuestos delitos, al igual que se identifican varios «casos testigo», que sirven también para demostrar que las autoridades venezolanas no investigan los hechos y tampoco sancionan a los máximos responsables.

A juicio de la Red-CLH, los patrones de los casos que fueron presentados «son claros» y coincidentes con los que se plasmaron en el informe de 2018 por el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en los diversos dossiers presentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.

*Lea también: Guaidó y Solórzano aplauden que fiscal de la CPI pida seguir investigando a Venezuela

Destacaron que se evidencia un patrón de «ataque y persecución» que fuerzas de seguridad del Estado como la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); policías estadales y grupos armados afines al chavismo ejecutan contra activistas, defensores de DDHH y opositores al actual gobierno.

Para las ONG, se registra una «constante actuación contra la disidencia política a través de detenciones arbitrarias, en su mayoría con el uso de la violencia y amenazas por parte de funcionarios sin uniforme, sin credenciales y algunas veces encapuchados que se identificaban como parte de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado».

Resaltaron además que hay un esquema de indefensión debido a las detenciones arbitrarias que se practican, junto a los días que pueden pasar sin estar comunicados con sus familiares, sin saber dónde están o desconociendo el por qué de su arresto; acompañados de interrogatorios «degradantes» y a procedimientos judiciales irregulares en su contra habiendo sido privados de los derechos más elementales.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reiteró el martes 1° de noviembre su solicitud de autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares I de ese organismo para reanudar las investigaciones que lleva adelante su oficina sobre el caso «Venezuela I», en el que se investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2017 en territorio venezolano.

*Lea también: Guaidó advierte a Petro que reconocer a Maduro sería «normalizar» violaciones a DDHH

A través de un comunicado, Khan concluyó que, luego de hacer una «evaluación objetiva e independiente» de información suministrada por Venezuela y otras fuentes, el aplazamiento que solicitó la administración de Nicolás Maduro sobre estas pesquisas no se justifica y, por ende, se debe reanudar la investigación.

Luego, la Cancillería emitió una declaración en la que reprocharon la petición de Khan tras considerar que posee «una visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela». Para el Gobierno, el funcionario de la CPI se hace eco de «las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos».

La Cancillería considera que Venezuela ha aportado «amplia y suficiente información» que demuestra su actuación para investigar lo que ha ocurrido y determinar la verdad para así establecer las responsabilidades penales de quienes cometieron esos delitos.

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