ONG piden a Oficina de Alta Comisionada que remita informe a Corte Penal Internacional
Exigen respeto para los oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada que permanecen en el país, que se garantice su seguridad y las condiciones para que puedan realizar la misión
190 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron su respaldo al trabajo realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación crítica que atraviesa el país.
El resultado de este trabajo incluye la realización de los tres informes sobre Venezuela, incluyendo el más reciente presentado este 5 de julio por la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
Las organizaciones destacan que este equipo de investigación, durante años, ha estado monitoreando de cerca el debilitamiento de la institucionalidad democrática y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, manteniendo contacto con diferentes sectores para la recolección y procesamiento de información.
Por ello instan a la Alta Comisionada «a que remita el informe a la Corte penal Internacional, extendiendo sus buenos oficios al Consejo de Derechos Humanos y demás instancias de la ONU, para que los países del mundo impulsen y se comprometan con acciones urgentes pacíficas y electorales que permitan en el corto tiempo el retorno a la democracia en Venezuela».
Destacan que los informes recogen «de manera rigurosa y respetuosa, las voces de cientos de víctimas dentro del país y migrantes forzosos, venezolanos que han tenido que huir del país por razones políticas o para sobrevivir», dice el comunicado en el que insisten en la importancia de la presencia de oficiales de la Oficina de la Alta comisionada en el país y exigen respeto para las labores que llevan a cabo.
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El documento en el que suscriben 190 organizaciones precisa que es una prioridad y una urgencia que se cumplan los acuerdos establecidos durante la visita de Michelle Bachelet con quienes detentan el poder, para facilitar su labor dentro del país en favor de las víctimas y todos los ciudadanos.
«Las autoridades son responsables de garantizar su seguridad y las condiciones para que puedan realizar la misión que les ha sido encomendada, de acuerdo al Derecho Internacional sobre prerrogativas e inmunidades de funcionarios de las Naciones Unidas. Exhortamos a que se acepten las recomendaciones emitidas en el informe de la OACNUDH, así como la instalación de una Comisión de Investigación, con expertos independientes de la ONU, para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y lograr justicia, como un mecanismo para revertir el deterioro progresivo de los derechos humanos y la sistemática impunidad existente en el país», precisan.
Las ONG que trabajan en distintos ámbitos y han abarcado la atención de la crisis en diversas áreas en las cuales se expresa la crisis del país consideran de vital importancia «la conformación de una oficina permanente en Venezuela y la pronta visita de los procedimientos especiales en el país».
