Gobierno interino logra aplazar pago de $100 millones por fincas expropiadas de 2005
El conflicto judicial inició en 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó expropiaciones inmediatas de las haciendas Agroflora, filial de la empresa británica Vestey, por un valor estimado de $98 millones, lo que generó la deuda que ahora debe pagar el país
La Procuraduría Especial de la República, designada por Juan Guaidó, llevó a cabo un proceso de negociación con la empresa británica Vestey para aplazar por 18 meses el pago de una deuda superior a $100 millones que debe Venezuela como compensación por expropiaciones de varias de sus haciendas, efectuada durante el gobierno de Hugo Chávez.
El acuerdo fue alcanzado entre la procuraduría y Vestey tras un extenso proceso en tribunales, que culminó con el dictamen del juez del Distrito de Columbia en Estados Unidos, Thomas Hogan, emitido el 19 de enero de 2021.
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La orden judicial establece que Venezuela debe comprometerse a pagar todas sus deudas, ante la imposibilidad de solicitar una anulación de la compensación dadas las condiciones en las que el gobierno chavista se apropió de las haciendas de Vestey. Sin embargo, aplazó el desembolso de los más de $100 millones hasta finales de julio de 2022, fecha hasta la cual Venezuela no deberá emitir ningún pago.
La negociación
En el proceso de negociación, la procuraduría de Guaidó acordó con Vestey reducir la tasa de interés correspondiente a los gastos y honorarios de la empresa durante el litigio, un compromiso adquirido por Venezuela por orden del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), instancia en la que inició el litigio a mediados de 2012.
La procuraduría espera que el lapso otorgado por Vestey para el pago de los compromisos sea suficiente para lograr un cambio de Gobierno, lo que otorgaría a Venezuela un margen de opciones para reestructurar la deuda pública y contar con un alivio financiero que facilite saldar todas las deudas generadas durante el gobierno chavista.
«Se espera que para esa fecha habrá cesado la usurpación y se habrá reestructurado la deuda pública venezolana con la asistencia del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros internacionales, o se estará en vías de hacerlo», explica la procuraduría en un comunicado.
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Una deuda innecesaria del chavismo
El conflicto judicial inició en 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó las expropiaciones inmediatas de las haciendas de Vestey, que operaban a través de Agroflora, filial de la empresa británica en Venezuela dedicada a la ganadería desde 1909.
Las 14 fincas de la firma británica fueron tomadas por la Fuerza Armada Nacional (FAN) y el Gobierno no otorgó ninguna compensación a Vestey, además de ejecutar la expropiación sin un respectivo procedimiento legal en suelo venezolano que condujera a esa posibilidad. Es decir, la toma fue una arbitrariedad del Ejecutivo.
A raíz del despojo de sus propiedades, Vestey acudió a la Ciadi en julio de 2012 para demandar al gobierno venezolano por la expropiación de Agroflora. El 15 de abril de 2016, el tribunal arbitral del Ciadi emitió un laudo a favor de Vestey, en el que imponía a Venezuela un pago de $98 millones, monto que el tribunal consideró equivalente al valor de los bienes de la empresa al momento de su expropiación.
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Intentar lo imposible
En agosto de 2016, la representación del gobierno de Nicolás Maduro intentó interponer una Solicitud de Anulación del laudo ante el Ciadi, pero en abril de 2019 fue negado y ordenó el pago por las expropiaciones, adicionalmente, de honorarios y gastos de Vestey por un monto de 685.949 libras esterlinas (unos 940.000 dólares).
El laudo pasó a un juzgado del Distrito de Colombia de Estados Unidos después de que Vestey, en junio de 2018, le solicitara confirmar y ejecutar el laudo del Ciadi. Debido a que Venezuela no pagaba su deuda, la firma británica solicitó al tribunal estadounidense una declaratoria de default de Venezuela, lo que acabó ocurriendo el 5 de julio de 2020.
En este punto, el juez Thomas Hogan envió una comunicación a José Ignacio Hernández, entonces procurador de Guaidó, reconocido como representante legal de Venezuela en lugar de Nicolás Maduro. A partir de este momento, el Gobierno Interino tomó las riendas de la defensa de Venezuela en el juicio y solicitó una moción de suspensión en agosto de 2020, la cual finalmente se concretó esta semana.
