EXCLUSIVA | Presupuesto 2023 del Min-Comercio se centra en fiscalización y regulación
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) fortalecerá su protagonismo de cara a 2023. El presupuesto del Ministerio de Comercio Nacional asoma proyectos orientados a mejorar la sistematización del comercio local, pero también en labores de fiscalización
El Ministerio de Comercio Nacional se perfila como uno de los organismos menos prioritarios para el gobierno de Nicolás Maduro en 2023, a pesar de que ha sido gracias a la reactivación comercial que el país ha experimentado una recuperación económica en los últimos años.
De acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto para 2023, obtenido en exclusiva por TalCual, se prevé una asignación de 588,8 millones de bolívares, equivalentes a 0,34% del monto total estimado para Bs 170.703 millones.
Otros 31 organismos recibirán más fondos. Si se toman en cuenta únicamente ministerios, solo seis de las 34 carteras contarán con menos dinero. Esta distribución parece indicar que el comercio no se encuentra entre las prioridades del Gobierno para 2023.
La cantidad asignada para la cartera de comercio se traduce en 41,7 millones de dólares según el tipo de cambio oficial vigente para este martes 13 de diciembre (Bs 14,12 por dólar), y se enfocarán en proyectos relacionados con el fortalecimiento de procesos de control y fiscalización, según dan a entender las descripciones de los distintos puntos de cuenta especificados en los documentos sobre el presupuesto.
Términos como «derechos socioeconómicos», «regulación» y «formación de precios», que en el pasado han estado relacionado con la escasez de productos y la desaparición de empresas, vuelven a relucir en las páginas del presupuesto, junto con intenciones de pulir algunos sistemas automatizados y refinar las bases de datos del ministerio.
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El desembolso más importante que se espera para esta cartera ministerial es de Bs 190 millones ($13 millones) y se utilizarán para «desarrollar políticas económicas en el Ministerio de Comercio, mediante la formación de precios a través de sistemas automatizados, para así impulsar el comercio a nivel nacional».
Aunque los documentos no entran en detalles sobre los planes específicos para ejecutar los proyectos, sí ofrecen una descripción general de las acciones que el ministerio y los entes descentralizados que se desprenden de él pretenden ejecutar a lo largo del próximo año.
En el caso de estas «políticas económicas», el ministerio propone establecer alianzas estratégicas con organismos y representantes del sector económico, levantar información para la plataforma Patria en mercados municipales e instituciones públicas, mejorar sus salas de monitoreo y reforzar la gestión de su base de datos.
Otra suma importante dentro del presupuesto asignado irá dirigida al «fortalecimiento del sistema integral automatizado de información en comercio nacional», para lo cual se dedicarán Bs 51,8 millones ($3,6 millones).
Por las características de los proyectos propuestos, parecen tener la intención de sistematizar la información disponible en la red comercial que maneja el Gobierno.
Esfuerzos en la regulación
El otro punto focal de los documentos es la fiscalización y las labores de regulación del comercio nacional. En este contexto, uno de los entes que protagoniza la recepción de fondos es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Más de tres años de paz para el sector después de que la Sundde se convirtiera en un dolor de cabeza para los comercios de todo el país, con sus fiscales recorriendo calles y multando locales que no vendían los productos que el ente exigía a los precios que el Gobierno dictaminaba, ahora el organismo tendrá un mayor protagonismo en 2023.
El pasado 1° de diciembre se publicó en la cuenta de Twitter de la Sundde una lista con 42 productos a los cuales se les impondría un «precio máximo de venta» fijado en dólares, lo que encendió las alarmas ante una posible nueva regulación de productos.
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Diez días más tarde, el gobernante Nicolás Maduro anunció en sus redes sociales que tomaría medidas contra el «dólar criminal» ante el incremento de precio del tipo de cambio del mercado paralelo durante la primera semana de diciembre. El ente encargado de verificar que los comercios vendan sus productos en dólares a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y no la tasa paralela es también el Sundde.
En este sentido, el cierre de diciembre prevé un mayor protagonismo de la Sundde para 2023. No en vano, recibieron la segunda mayor cantidad de dinero que distribuyó el Ministerio de Comercio Nacional en el presupuesto.
Unos Bs 56 millones ($3,9 millones) serán utilizados por la Sundde para «promover el desarrollo estable y armónico de la economía nacional mediante la consolidación de los derechos socioeconómicos de la población venezolana».
Por otra parte, también se asignarán Bs 47,5 millones ($3,3 millones) para la Comisión Anti-Dumping y Sobre Subsidios (CASS) para fortalecer el ente y establecerlo como una «autoridad investigadora en materia de mecanismos de defensa comercial».
Y finalmente, se otorgan Bs 30,5 millones ($2,1 millones) para la Superintendencia Antimonopolio, que se encargará de «fortalecer el observatorio para la promoción, protección y regulación de la competencia económica».
Transferencias a entes descentralizados
Las asignaciones restantes, además de los gastos de personal y administrativos, se dirigen al Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) y el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).
En primer lugar, el presupuesto incluye Bs 35,7 millones ($2,5 millones) para Sencamer, que espera «mejorar su prestación de servicios» impulsando el cumplimiento de los controles metrológicos para el área industrial y velando por el cumplimiento de las normas de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin) y otros reglamentos técnicos.
Sencamer no especifica la ejecución de ningún proyecto concreto. Los fondos se utilizarán para las operaciones regulares del organismo.
El segundo ente en recibir fondos es el SAPI. Le desembolsarán Bs 30 millones ($2,1 millones), también para sus operaciones internas, que persiguen alcanzar una «mayor eficacia y eficiencia» en los trámites que realizan los interesados en hacer valer sus derechos intelectuales.
