¿Qué hay detrás de la reforma tributaria por la que protestan en Colombia?
El diálogo más importante del proceso de negociación que emprendió Colombia para buscar una solución y dar fin a las manifestaciones que han tenido las calles encendidas por más de dos semanas, que fue entre el Comité de Paro Nacional e Iván Duque, fue un fallo
El 28 de abril de 2021 iniciaron en Colombia las protestas en contra de la reforma fiscal presentada ante el Congreso neogranadino y apoyada por el gobierno de Iván Duque. Pero ese proyecto de ley es la punta del iceberg que esconde otros problemas estructurales de la sociedad colombiana, pues si bien los cambios en materia de impuestos afectarían el bolsillo de los ciudadanos, a cinco día de haber iniciado las manifestaciones, el presidente del país decidió echarlo para atrás, pero aun así las manifestaciones de calle siguieron.
En TalCual explicamos los puntos claves de esta normativa fiscal para que pueda entenderse mejor.
- La administración de Duque pretendía recaudar a través de nuevos impuestos lo equivalente al 2% de producto interno bruto de Colombia, es decir 6.302 millones de dólares para aliviar presiones de deuda y preservar su calificación crediticia. Para ello, el ministerio de Hacienda proponía ampliar la base de contribuyentes de forma progresiva, empezando por cobrar el impuesto sobre la renta a todos los que ganen 2,4 millones de pesos colombianos – alrededor de 663 dólares-, y ya para 2023 extender esta base bajando el umbral, para entonces cobrarle a aquellos que perciben más de 1,7 millones de pesos por mes, – cerca de 470 dólares-. Esto, sin duda alguna, generó polémica dentro de la clase media, puesto que sería la más afectada.
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En este plan se incluía la extensión del impuesto al valor agregado (IVA) del 19% a servicios públicos como el alcantarillado y el aseo, para los estratos 4, 5 y 6. Anteriormente, las personas pertenecientes a estas divisiones – y todos los ciudadanos- estaban exentos de este impuesto, gracias a la «Ley de Solidaridad Sostenible» que los exoneraba de ello. Sin embargo, de haber sido aprobado, también se le añadiría este gravamen a productos menstruales y dispositivos anticonceptivos y productos de la canasta básica alimentaria, una acción que no caló en la población colombiana que atraviesa un cierre de empresas por la pandemia de covid-19 que ha generado un incremento de la tasa de desempleo en el país de 3%. Para marzo de 2020, justo antes de que iniciaran los confinamientos, el indicador ya era bastante alto en comparación con los del resto de las naciones de la región, era de 12,6%. Un año después la cifra ascendió a 15,9 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- Impuestos a la gasolina pasarían de 5 al 19% y también se empezaría a gravar la riqueza, pues Quienes vivan en la nación y tengan un patrimonio valorado en más de 4.870 millones de pesos (1,3 millones de dólares) deberán pagar un “impuesto temporal y solidario” de 1% para los estratos más bajos dentro de este rango y de 2% a los más altos.
- El gobierno de Colombia planteaba ampliar su base gravable a fin de incrementar su inversión social. De hecho, en un capítulo de la reforma reseñaba que prologaría los subsidios mensuales para los hogares más pobres y vulnerables del país, dándoles entre 22 y 100 dólares de acuerdo con el número de integrantes que lo conforman. Sin embargo, mientras buscaba llenar el hueco fiscal del país, la pobreza monetaria subió a 42.5 %, por lo que el hecho de que el 74% del recaudo que proponían lo diesen los ciudadanos y apenas 3,7 billones de pesos las empresas, resultaba asfixiante para los colombianos.
A 15 días de protestas, las calles de las principales ciudades colombianas, como Bogotá y Cali, siguen abarrotadas de gente que han secundado el llamado a la huelga nacional convocada por el Comité de Paro Nacional. En medio de 1.500 ataques a la población civil, reportados por la ONG Temblores, 47 decesos, 548 desaparecidos, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, etc, han hecho un llamado a la gestión de Duque, para que garanticen el derecho a la protesta de los ciudadanos, así como la protección de sus derechos humanos y un cese de violencia de parte de funcionarios policiales.
Se revive el debate de reforma policial
El 11 de mayo la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un comunicado en el que dijo que emprendió un procedimiento de búsqueda de 168 colombianos desaparecidos junto a efectivos de la Fiscalía y la Policía Nacional.También este último ente anunció sanciones contra cinco uniformados y la apertura de múltiples investigaciones por presuntos abusos policiales durante manifestaciones. Según informó el inspector general de la institución, el general Jorge Ramírez, ya hay 62 investigaciones en curso debido al uso de fuerza durante las manifestaciones.
Han sido las acciones violentas y de represión de los cuerpos policiales lo que ha hecho que la gente siga en protestando, pues estas revivieron un reclamo que no es nuevo, sino que data de 2019, cuando la policía antidisturbios asesinó al joven Dylan Cruz durante las protestas del paro nacional de ese año.
Los manifestantes exigen que se haga una reforma que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y contemple llevar ante la justicia a aquellos funcionarios que han cometidos crímenes, para que sean juzgados de forma imparcial. También piden que en los operativos «traten a los civiles como personas y no como subversivos». Vale recordar que en Colombia el componente policial forma parte del ministerio de Defensa y es señalado de tener un entrenamiento con un enfoque para luchar contra la guerrilla. Así que uno de los más perjudicados y que también está en la cuerda floja es Diego Molano, el ministro de Defensa en contra quien el Congreso emitió una moción de censura el 4 de mayo por haber permitido abuso de la fuerza pública en ciudades como Cali.
¿Qué papel juega Venezuela en las protestas?
El mismo Molano ha dicho que en las protestas de Colombia, según «la información que se tiene de inteligencia es que hay presencia fuerte de venezolanos. Estamos en el proceso de judicialización de aquellos que la comunidad ha denunciado y de otras informaciones que tenemos con los que son responsables”. Han señalado a los connacionales como aquellos que han auspiciado el vandalismo dentro de estas manifestaciones que en principio, la gran mayoría, fueron pacíficas. El ministro aseguró que los migrantes venezolanos tenía mayor participación en aquellas revueltas que involucraban cierres de calle y que actuaban de forma «móvil» en el corredor que hay entre Bogotá y Tunja.
En Valle del Cauca, seis personas de nacionalidad venezolana fueron arrestados por protestar en Cali, dijo el alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina. Posteriormente fueron deportados. Sin embargo, es menester destacar que, para el 3 de mayo, de las 431 personas que habían sido detenidas hasta ese momento por presunta “comisión de conductas delictivas” durante las protestas, apenas 14 de ellos eran venezolanos. Esta cifra representa sólo el 3,4% de los detenidos, según el director de la Policía Nacional del país vecino, el general Jorge Luis Vargas.
Representantes políticos como Lenín Moreno, presidente de Ecuador, y Andrés Pestana, expresidente de Colombia, han responsabilizado a la administración de Nicolás Maduro de financiar la violencia en las manifestaciones en la nación vecina. Pero ninguno ha demostrado pruebas aún. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, les dio un mensaje y dijo que ambos políticos «se habían tardado» en responsabilizar a Venezuela en lo que ocurre y subrayó que ellos «subestiman a sus pueblos y se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencia».
¿Se logró dialogar en Colombia?
Tras el llamado a detener el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, por parte de organizaciones internacionales y el gobierno de Estados Unidos y la propia Unión Europea (UE), al séptimo día de violencia, el 4 de mayo, Duque anunció la creación de una mesa de diálogo nacional entre sectores políticos y miembros de la sociedad civil, en un intento por concertar una salida a la crisis que sacude las calles de varias ciudades del país.
El encuentro más importante de ese proceso de negociaciones fue justamente este lunes 10 de mayo. El presidente Iván Duque tuvo una reunión de tres horas con líderes del Comité de Paro Nacional, pero culminó en fracaso: sin acuerdos.
“No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta», dijo Francisco Maltés, integrante del Comité Nacional del Paro, tras finalizar el encuentro en la Casa de Nariño, la sede de la presidencia de Colombia. Mientras, por la parte oficial, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, subrayó que se trataba de una primera reunión «exploratoria» y destacó la voluntad que atribuyó a Duque de «construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos».
Aun así, apenas terminó esa primera conversación, llamaron a paro nacional nuevamente, para este 12 de mayo.
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