Provea advierte que Tarek William Saab es un «promotor»de campaña contra la CPI
El fiscal Tarek William Saab dijo que solo han recibido información de las declaraciones públicas que ha hecho la propia fiscal de la CPI. Por ello se decidió interponer una solicitud de control judicial, pues hay una «desigualdad en el trato» a los países y que en el caso de Venezuela «está siendo paradigmático»
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el jueves 27 de mayo que se están generando «una serie de ataques» por parte de la gestión de Nicolás Maduro contra la Corte Penal Internacional (CPI) cuando quedan pocas semanas para que el organismo mundial decida si se abre o no una investigación formal por crímenes de Lesa Humanidad.
De esta forma, Provea respondió al discurso hecho por el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, donde dijo que se habían pedido «pruebas y acusaciones» contra el Ejecutivo venezolano que se interpusieron en la CPI.
«El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?», dijo la ONG en un comunicado citado por EFE.
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En la misiva se señala a Saab como uno de los «promotores» de la campaña al recordar que a principios del mes de mayo se dijo desde Venezuela que la CPI estaba usando como información una serie de tuits que eran generados por supuestos bots «con aseveraciones falsas».
Según la ONG, el intento de incidir en la opinión de la CPI motivó que, «luego de varios años de sostener una tesis contraria, se reconociera que Juan Pablo Pernalete había sido asesinado por una bomba lacrimógena (2017) y que el Estado es responsable de la muerte del concejal Fernando Albán (2018)».
Saab interpone recursos ante la CPI para obtener pruebas y acusaciones contra Maduro
El fiscal general designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que han interpuesto dos recursos ante la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) de la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo de obtener las pruebas y acusaciones que se han hecho contra Nicolás Maduro y algunos funcionarios venezolanos por supuestos crímenes de lesa humanidad.
En una rueda de prensa, Saab afirmó que se ha «vulnerado el derecho a la defensa del Estado venezolano» en cuanto al examen preliminar llamado Venezuela I, pese a que la CPI no investiga a los Estados, sino a individualidades por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Se debe recordar que sobre Venezuela, la Fiscalía de la CPI investiga dos aspectos: Si funcionarios representantes del Estado venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, son responsables de violaciones a los DDHH en el contexto de manifestaciones gubernamentales a partir de 2017 (Venezuela I); o si en el país se cometen crímenes de lesa humanidad debido a sanciones por parte de Estados Unidos (Venezuela II).
Según explicó el fiscal, el Ministerio Público fue notificado en octubre de 2020 por la Fiscalía de la CPI sobre el avance del examen preliminar Venezuela I, luego de la denuncia interpuesta -en 2018- por seis países, entre ellos Argentina que se retiró de la demanda el pasado 25 de marzo.
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Desde entonces, el MP ha enviado tres comunicaciones con seis informes para refutar las denuncias que se siguen sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde 2017. El último informe fue hecho en conjunto con la Cancillería y Vicepresidencia sobre una presunta campaña virtual en Twitter contra la administración de Nicolás Maduro, acusándola -según el oficialismo- de violadores de derechos humanos.
«Este Ministerio Público solo ha recibido silencio. El día de ayer, el MP ha presentado dos acciones en el marco del examen preliminar Venezuela I (…) a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Se presentó una petición de cooperación judicial, previsto en el artículo 93, numeral 10 del Estatuto de Roma».
Pidió que se les dé información pertinente de los hechos investigados y las pruebas que se han interpuesto para sustentar el caso ante la Fiscalía de la CPI, mayormente hecho por los Estados denunciantes, organizaciones de derechos humanos y víctimas de forma particular. Saab dijo que esta información es necesaria para «hacer productiva la complementariedad».
El fiscal dijo que solo han recibido información de las declaraciones públicas que ha hecho la propia fiscal de la CPI. Por ello se decidió interponer una solicitud de control judicial, basados en el artículo 46.2 de la Corte-, pues hay una «desigualdad en el trato» a los países y que en el caso de Venezuela «está siendo paradigmático».
Tarek William Saab: ¿Por qué Venezuela no tiene una hoja de ruta en este examen preliminar? Lo tienen otros países y el Estado venezolano no, Venezuela que ha cooperado en todo sentido
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) May 27, 2021
Es una actuación parcial e interesada que está sufriendo Venezuela, insistió el fiscal Saab. «Por ello reclamamos amparo a la Sala para que se dé el mismo trato como a otros países. Por ejemplo Colombia, que lleva 16 años en examen preliminar. Nuestro país no ha recibido ni una sola visita, pese a que hemos reiterado nuestra voluntad de recibir a un equipo de la CPI (…) Hemos exigido que no sean motivaciones políticas las que guíen este caso».
Además, otra de las solicitudes hechas por el Ministerio Público en una comunicación es que la Sala de Cuestiones Preliminares se pronucie sobre tres asuntos:
- ¿Debe la Fiscalía de la CPI contestar al Estado y mantener una interlocución en el Examen Preliminar, estando obligada a establecer un diálogo constructivo con el Estado en el marco del principio de complementariedad para dar cumplimiento al art. 15 del Estatuto de Roma, máxime cuando está siendo solicitado y ofrecido por éste de forma permanente y desde el principio?
- ¿Debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el control de pruebas, en el marco del art. 21.3 del Estatuto de Roma?
- ¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?
Saab dijo que entienden que las respuestas deben ser positivas en los dos primeros casos y negativa en el último. «En definitiva, consideramos que la Fiscalía de la CPI debe informar plenamente sobre su posición con relación a la información suministrada por nuestro país y establecer, junto con este, una hoja de trabajo conjunto».
Con información adicional de Swiss Info / EFE
