SAPI aclara que el caso Starbucks se manejó entre privados y que el Estado no intervino
Sánchez explicó que Starbucks es una marca registrada en Venezuela, al igual que otras internacionales porque el SAPI debe velar por la propiedad intelectual
El director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Ricardo Javier Sánchez, se refirió este jueves 6 de enero al caso que se suscitó a finales de diciembre con la cafetería Starbucks en un establecimiento comercial de Las Mercedes y destacó que si bien hay sanciones en la Ley de Propiedad Industrial, el organismo que representa no tiene competencias para tomar esas acciones que derivaron en el retiro del logotipo.
En entrevista concedida a VTV, Sánchez explicó que el SAPI tiene la obligación de conceder las marcas y en este caso, ellas mismas velar pos sus intereses. Por ello, es que considera que la disputa en el caso específico de Starbucks tenía que arreglarse de forma privada.
«Esa marca está registrada en Venezuela, pero pasó lo que tenía que pasar. Una negociación entre privados que terminó en que quitaron el logo. Si existe un uso indebido de una marca y la persona no se retracta, está la división de Propiedad Intelectual de la Fiscalía donde la persona puede ir si se siente afectada. Ellos tienen contacto directo con nosotros y acceso a los expedientes», explicó.
Comentó que aunque el caso de Starbucks fue mediático y atrajo la atención de la opinión pública, ese tipo de situaciones ocurren diariamente y por eso están las instancias establecidas para accionar mecanismos de defensa. Indicó que el SAPI concede la marca pero insistió en que si existen algunas discusiones luego, las diferencias deben dirimirse en otros organismos.
Por otro lado, afirmó que marcas del mundo están registradas en Venezuela y dijo que en el SAPI «es cuidadoso» en ese aspecto, ya que se le protege la identidad intelectual a empresas que no están en el país.
De igual forma, comentó que no pueden registrarse nombres que sean dominio de todo un país a pesar de que lo usen en establecimientos comerciales y subrayó que en Venezuela «no es delito» usar las marcas aunque no estén registradas, hecho que calificó más bien de una debilidad porque si esa compañía crece, otra persona puede registrarla y le quita el dominio del nombre.
Ricardo Javier Sánchez explicó que el SAPI trabaja para hacer del conocimiento de todos el proceso para el registro de una marca, ya sea para una empresa grande, como para un emprendimiento y acotó que existe la confusión en la población de que si coloca el nombre de su compañía en las redes sociales o tiene el registro mercantil con eso basta para que la marca sea suya.
Enfatizó entonces que mientras el usuario no haga los trámites ante el SAPI, la marca no será de su propiedad.
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Indicó que el proceso para registrar una marca ante el SAPI es sencillo, sobre todo para las personas naturales porque pueden ir con sus documentos de identidad e iniciar los trámites en el organismo; que es uno de los procesos que quieren simplificar y motivar al emprendimiento, ya que cuando las personas acuden a los escritorios jurídicos para hacer este trámite, tienen honorarios por llevarlos a cabo.
Mencionó que si se hace el registro de una marca por primera vez debe acudir a las oficinas del SAPI en Caracas para concretarlo, lo que los lleva a la iniciativa de querer abrir oficinas en todo el territorio nacional en las sedes del Ministerio de Comercio o de Sencamer.
Expuso que en 2019, previo a la pandemia, manejaban la estadística de 15 mil personas que hicieron procesos para registrar la marca; en 2020 se creció a 18.000 y en 2021, 25.000 solicitudes de marca.
Aclaró que el proceso para poder obtener una marca tarda mucho debido a que el SAPI, como forma parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) tienen que verificar que no exista una que se parezca gráfica o fonéticamente a lo que se intenta alcanzar tanto dentro como fuera del país.
Sánchez adelantó que la Asamblea Nacional tiene las propuestas de reformas de Ley de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor para poder actualizar el articulado actual que data de la década de 1950, al tiempo que informó que trabajan para digitalizar y automatizar los procesos con inteligencia artificial que ayude al manejo de más de 300.000 expedientes que existen.
