Sector educativo denuncia exclusión de sindicatos de recientes discusiones salariales
El sector también asegura que el gobierno de Nicolás Maduro ha unificado los convenios de todos los sectores de la educación universitaria en uno solo
Representantes educativos denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a autoridades del sector a excluir a las federaciones sindicales autónomas y tradicionales de las más recientes discusiones de los contratos colectivos y de las tablas salariales, y a unificar los convenios de todos los sectores de la educación universitaria en uno solo, lo que profundiza la situación de vulnerabilidad y de pobreza que atraviesan los educadores venezolanos.
La abogada Jacqueline Richter, profesora titular en la Universidad Central de Venezuela y presidente del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, afirma a TalCual que las organizaciones sindicales del sector educativo, que legítimamente tienen que discutir sus beneficios laborales con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación en representación de los maestros y profesores, están convidados de piedra porque a quienes les dan acceso a las discusiones salariales y de las convenciones son a los miembros de las organizaciones chavistas creadas por el propio gobierno.
Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), denuncia la exclusión de las federaciones mayoritarias y representativas de la negociación colectiva en el sector. «De la discusión de la cuarta convención única y unitaria fueron excluidas las universidades que, por su carácter autónomo, deben participar como empleador, así como los ministerios por el Estado y las federaciones por los trabajadores. La exclusión viola el convenio 144 de la OIT (relativo al diálogo tripartito). También fueron excluidos los legítimos representantes de los trabajadores universitarios».
«Lo que hay es un diálogo de yo con yo: la célula gubernamental con la célula de la federación del partido de gobierno».
En julio los ministros de Educación, Trabajo y Educación Universitaria, José Ramón Rivero, Eduardo Piñate y César Trómpiz, respectivamente, firmaron a espaldas de sindicatos independientes y tradicionales y junto con representantes de los sectores administración y obrero del PSUV un supuesto contrato colectivo del que solo se conocen las tablas salariales, cuyos montos a principios de agosto no superaban los 11 dólares al mes, cuando en Venezuela se requieren casi 300 dólares para cubrir la canasta alimentaria familiar, es decir, 10 dólares al día.
«Ni siquiera estuvo el representante del sector docente. Lo único que se conoce de ese contrato son las tablas, que revelan claramente la razón por la cual el gobierno está violando la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva del sector: imponer la miseria. Todo ese asunto es una farsa. Ni siquiera existe el documento de la cuarta convención colectiva».
Señala que el salario más alto de la tabla, la del profesor titular, con dedicación exclusiva, doctorado, maestría y al menos cuatro trabajos de investigación y más de 15 años de experiencia en docencia, es 11 dólares al mes. «Y es probable que en octubre, cuando aspiran que empiecen las clases, sea seis dólares al ritmo que lleva la devaluación, en un país donde cobran 200 dólares por un pasaporte».
Por otra parte, en julio también se efectuó una reunión entre funcionarios del sector educativo y miembros de asociaciones no representativas de los trabajadores y adeptas al partido oficialista de gobierno quienes suscribieron un acta convenio que prorrogó la convención colectiva de maestros y profesores de educación básica y media firmada en 2018 por seis meses y ajustó las tablas salariales; además, dejó a un lado el resto de los beneficios laborales.
Raquel Figueroa, especialista en Políticas Educativas y dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela, explica que en realidad no se dio un aumento como tal en la tabla salarial, sino una «adecuación chucuta» de un error de cálculo cometido anteriormente y que no se traduce en un nuevo y verdadero ajuste de los ingresos de los trabajadores de la institución.
«No fue un aumento porcentual sino un reconocimiento del error de cálculo que el mismo patrono Estado había cometido que perjudicó al magisterio por más de 18 meses al solapar el sueldo base cuando secuestraron el tabulador de la convención y lo colocaron por debajo del resto de los profesionales».
En el acta convenio no aparece ningún acuerdo sobre seguridad social, seguro HCM, Ipasme ni servicio funerario, aunque los representantes de las organizaciones sindicales oficialistas que estuvieron en la mesa de negociación con el patrono informaron a través de un comunicado que la primera semana de agosto se realizaría una reunión con una comisión mixta para estudiar el caso.
Figueroa señala que también se dieron dos fusiones de cláusulas que, en vez de fortalecer las primas, se arrebataron y fueron convertidas en bonos que entregan por el sistema patria.
«El magisterio adolece hoy de una política en la que el Ipasme (Instituto de Prevención y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación) sigue siendo un gran mastodonte del proselitismo del partido oficialista y del propio gobierno. Se han profundizado las enfermedades profesionales, las redes sociales inclusive han sido una gran ayuda para el magisterio para poder buscar auxilio para medicinas o para poder inclusive enterrar a seres queridos. Esta situación sucede a diario».
La dirigente asegura que el Magisterio venezolano sufre su peor crisis jamás vista en la historia del país, inclusive la más alta de América Latina y hasta en el mundo: la desaparición del valor del salario y de la seguridad social y las malas condiciones de trabajo pedagógico. «Ante un Estado que se ha puesto de espaldas de sus responsabilidades constitucionales y de los convenios de la OIT y la declaratoria universal de los derechos humanos».
Desde 2004 hasta 2021 el magisterio ha tenido continuos y sistemáticos violaciones a sus convenios colectivos. El 97% de las conquistas sociales y condiciones de trabajo establecidos en la legislación laboral han desaparecido. «Basta con revisar cada convenio para dilucidar que la progresividad de gran parte de los beneficios ya no existen».
«Las diversas medidas económicas desarrolladas por el gobierno de Maduro en los últimos dos años despojó al magisterio de la tabla salarial de la segunda convención colectiva única y unitaria hasta el punto que llevó el salario a la máxima expresión de polvo cósmico. En 2020 un docente tenía solo una cobertura de 2,5% de la canasta básica, con esto, el magisterio llegó a pobreza extrema».
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Richter sostiene que el chavismo ha implementado una política estatal cuya finalidad ha sido destruir el sindicalismo independiente y destruir la principal herramienta que tienen los trabajadores para obtener bienestar social: la contratación colectiva.
«Desde 1999 Hugo Chávez se propuso desde el inicio destruir el sindicalismo libre». Señala que durante los años 2003 y 2008 la principal política del Estado venezolano y del gobierno fue construir una estructura sindical paralela. Y después de casi 20 años lo lograron: todos las organizaciones sindicales autónomas son minoría y quienes administran los contratos son los sindicatos creados por el chavismo, que hacen que el contrato colectivo deje de cumplir su principal función de redistribuir riqueza y poder.
«Ahora es el patrono el que decide cómo aumenta el salario y con eso el contrato colectivo ya no tiene sentido. Se le dio un golpe profundo a uno de los mecanismos que se utilizaba para redistribuir riqueza y poder. Además, en época de hiperinflación en otros países fue a través del contrato colectivo y de las cláusulas de indexación que se evitó o se atemperó el golpe de la hiperinflación en los trabajadores».
