Simón Gómez: El gobierno está entrampado entre el harakiri y sacrificar cuadros medios
El experto en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela, Simón Gómez, asegura que la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, no implica un respaldo hacia la gestión de Nicolás Maduro, y que en cambio puede ser visto como una presión para que el Estado inicie una reforma judicial e imparta justicia por violaciones a los DDHH o se abra formalmente una investigación en el organismo internacional
El anuncio de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kahn, a Venezuela causó sorpresa entre quienes esperan que se haga público el acto conclusivo sobre el examen preliminar correspondiente a las denuncias por presuntos delitos de lesa humanidad que habría cometido el Estado venezolano especialmente en las protestas contra el gobierno registradas en 2017 y se inicie una investigación formal, debido a que la percepción de un acercamiento entre el fiscal y el Ejecutivo venezolano, que podría desembocar en impunidad.
Previo a su llegada a Venezuela, el fiscal de la CPI estuvo en Colombia, y en ese país firmó con el presidente Iván Duque el cierre de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno del país neogranadino en su enfrentamiento con las fuerzas insurgentes, algo que también alarmó a algunos sectores que comienzan a tener dudas sobre el desempeño de Kahn.
Para Simón Gómez Guaimara, especialista en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela, es muy pronto para comenzar a evaluar la gestión de Kahn, quien inició su desempeño como fiscal en mayo de este 2021, y advierte que la visita está enmarcada en el principio de cooperación entre los Estados y la CPI, por lo que no observa la visita como algo a favor del gobierno, sino como elemento de presión para que las autoridades venezolanas demuestren si están dispuestas o no a llevar hasta sus últimas consecuencias las averiguaciones por los casos de violaciones a los DDHH.
“La cuestión de la cooperación con el Estado, es uno de los pilares del sistema de la Corte Penal Internacional en conjunto con el principio de la complementariedad. Los Estados, de acuerdo al artículo 82 del Estatuto de Roma, están obligados a cooperar con la Corte en la realización de su mandato, que es prevenir e impedir la impunidad por los crímenes que son de su competencia”, explica Gómez.
A juicio del abogado, la actividad realizada por la fiscalía de la CPI se ha desarrollado en una armonía relativa con el Estado venezolano a lo largo del examen preliminar, cuando las autoridades venezolanas han suministrada alguna información y participado de reuniones en La Haya.
Simón Gómez destaca contacto permanente entre CPI y Venezuela
La alarma sobre la visita del Kahn a Venezuela se entiende dado que la anterior fiscal, Fatouh Bensouda, quien inició el examen preliminar, había dicho en marzo pasado que ya tenía listo el acto conclusivo de la averiguación, que aspiraba dar a conocer antes de terminar su gestión en abril, y parecía inminente que se iniciaría la investigación formal contra el Estado venezolano, sin embargo, las autoridades venezolanas introdujeron un recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI alegando que la Fiscalía les había tratado injustamente y Bensouda se quedó sin poder dar a conocer la conclusión de la evaluación, luego de lo cual han pasado varios meses sin que su sucesor se haya pronunciado sobre el caso Venezuela I.
Al respecto, Simón Gómez observa que ambos fiscales han estado prestos y abiertos a colaborar con el Estado venezolano, tal como ordena el Estatuto de Roma.
—¿Qué diferencia la gestión de la fiscal Bensouda, quien no planteó una visita a Venezuela y tenía ya lista su conclusión del examen preliminar, con el fiscal Khan, que realizará una visita al país?
—En primer lugar, es una cuestión que para comprenderla hay que situarla en su contexto y hacer una ponderación de las gestiones. En el caso de lo que fue la gestión de la fiscal Fatouh Bensouda, quien inició este examen preliminar febrero de 2018, tenemos un mayor margen de tiempo para hacer dicha evaluación. Ella fue prácticamente quien condujo la mayor parte del examen preliminar hasta que alcanzó la fase tercera, en la que hoy se encuentra; por su parte, el fiscal Karim Khan se encuentra en su recepción del cargo, aún no ha transcurrido un semestre de gestión, y haciendo esa advertencia y para no ser injustos ni desproporcionado en un juicio hay que seguir concediéndole tiempo hacer una evaluación de su gestión.
Recuerda Simón Gómez que hubo una manifestación por parte del Estado de querer invitar a la fiscal Bensouda, pero no se llegó a concretar.
“La propia fiscalía había dado una relación de todas esas actividades de cooperación que se han desplegado con Venezuela en el marco del litigio que interpuso Venezuela ante sala de Cuestiones Preliminares en razón de que en opinión del Estado venezolano se le estaba tratando injustamente en relación a otras investigaciones, y que la Fiscalía comprobó que era falso. La fiscal Bensouda había tenido la plena disposición de colaborar y estaba en contacto permanente con las autoridades venezolanas”, resalta Simón Gómez.
— En el anuncio de la visita del fiscal Khan, se dice que se produce para intensificar las relaciones directas y explorar vías de cooperación en consonancia con ese principio de complementariedad que usted ha citado. Quisiéramos saber si observa que están dadas las condiciones para que se establezca la complementariedad entre el Sistema Judicial de Venezuela y la CPI.
— Es la cuestión nódica del asunto. Efectivamente el fiscal tiene que recoger del Estado lo que han sido las medidas de diverso carácter que han sido implementadas para cumplir con el principio, pero el fiscal deberá realizar luego una evaluación de los elementos que, por diversos canales y medios, en particular de este contacto de primera mano que va a tener, y tendrá que hacerlo de conformidad con el Estatuto de Roma.
En primer lugar, que exista un conjunto de acciones, como las que el Estado está promoviendo, uno de ellos es el de una reforma judicial, así como la apertura de algunos juicios, esas acciones que ha tomado el Estado tienen que ser consistentes con una intención genuina de buscar a quienes son los máximos responsables de esos crímenes, que son objeto del examen preliminar. Ahora, ¿quiénes son las personas juzgadas? No hemos visto que son los máximos responsables sino que son los que en derecho venezolano se denominan los autores materiales, es decir los perpetradores, quienes accionaron armas o cumplieron órdenes o incurrieron en crimen internacional por haberse instaurado una política estatal para cometer esos crímenes.
Agrega que ese es un primer señalamiento, y que un segundo es que el Fiscal va a evaluar la situación con respecto a una regla que en inglés se denomina same person, same conduct (misma persona, misma conducta) aunque todavía no haya personas individuales señaladas, sino potenciales personas relacionadas con los crímenes, por el que se evalúan las circunstancias relacionadas con el presunto crimen. “En esa medida (el acusado) va a tener una relación con respecto superiores que estén vinculados a la conducta”, acotó.
“Lo que debemos advertir es que el Estado venezolano parece no haber probado, según lo que se desprende de acciones tomadas a la fecha, que haya juzgamiento por los crímenes objeto del examen preliminar, que son torturas, desapariciones forzadas, encarcelamiento, violencia sexual, que fueron cometidos en el contexto de las manifestaciones que se dieron en Venezuela entre el 1° de abril y el 31 de julio 2017. Entonces, y sin restar trascendencia a los demás crímenes que se han cometido y que deben ser juzgados, (los que promueve el gobierno) no son los que en estos momentos son objeto del examen, y no son por cadena de mando. No hemos visto juzgamiento por tortura, tampoco en número suficiente por encarcelamiento ni por violencia sexual, salvo uno en Maracaibo (Zulia). Así que en este momento no hay condiciones que podrían afirmar que Venezuela está satisfaciendo el principio de complementariedad.
Insiste Simón Gómez en que el determinar si están dadas las condiciones para que se establezca el principio de complementariedad y las investigaciones y procesos judiciales las haga el Estado venezolano es más que nada un punto de vista de carácter estructural. En este sentido, refiere que los hallazgos de Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, reafirman lo que abogados y ONG defensoras de DDHH han señalado por años, como es la inexistencia de un auténtico sistema de justicia, que la comisión denomina de estado de represión, y que no hay independencia de jueces, fiscales y demás órganos de investigación, en el sistema venezolano.
“Para que Venezuela satisfaga principio de complementariedad debe existir una genuina intención traducida en acciones concretas para reformar el sistema de justicia, y eso tiene que darse a través de una negociación (entre gobierno y oposición), que entiendo era uno de los puntos que estaban en la agenda en México, lamentablemente sabemos lo que está ocurriendo con la suspensión de las conversaciones. Producto de esas sesiones y mediante acuerdos que involucren a la sociedad venezolana, especialmente a las víctimas y la sociedad civil, resultaría un proceso de cambio paulatino que arroje una reinstitucionalización del sistema de justicia. Ese paso previo es indispensable para que podamos hablar de que existe una genuina garantía de que esos juicios sean transparentes”, detalló el abogado.
—¿Cómo se da esa dinámica de la visita del fiscal Kahn? ¿Con quiénes se reúne? ¿Cómo obtiene la información necesaria?
— Se le va a pedir al Estado (informar) cuántos juzgamientos tiene en tortura, a quiénes estás investigando, y así va a ir crimen por crimen. Es la prueba técnica que va a tener Venezuela.
“Es una visita, como se dan acciones de órganos internacionales, muy breve, en la que se va es a corroborar determinadas circunstancias que (el fiscal) ya tiene o ha hecho una preevaluación en atención a lo que recibe por múltiples canales y que su propia oficina recoge. Lo que va a hacer es escuchar a diversos actores. Creemos va a haber oportunidad contactar a víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores estatales que antes no ha podido escuchar”, precisa Simón Gómez.
Añade que lo que va a corresponder es a una situación de carácter simbólico, el cual tiene mucha importancia porque ese simbolismo debe verse traducido en un estímulo para que el Estado avance en la investigación genuina de estos hechos.
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“El Estado no puede simplemente conformarse con esta fachada y utilizar la visita como parte de la construcción de una fachada, eso le podrá servir en las primeras de cambio, pero a mediano y largo plazo ya no será sustentable. Esta estrategia, de que el Estado quiere ganar tiempo, podrá hacerlo, pero esa carrera es a largo plazo y a mediano plazo, estas tácticas dilatorias ya se habrán agotado”, señala.
Simón Gómez hace énfasis en que el Estado venezolano tendrá que poner en la balanza, entre los costos y medidas de incentivos, cuál habrá de ser su próximo paso en relación al tema de justicia por estos crímenes.
“Está apostando el fiscal a que esto se convierta en un incentivo para que Venezuela vaya por el carril de la complementariedad”, apunta.
—Esto que me dice del incentivo para que el Estado venezolano vaya por el carril de la complementariedad ¿quiere decir que es más probable que se vaya por esa vía y la Fiscalía decida no abrir una investigación?
—No, lo que va a hacer es conceder un margen de tiempo prudencial para evaluar acciones del Estado. Lo que la sociedad quiere no es un enjuiciamiento (por parte de la CPI) en sí, sino que haya justicia. Si de verdad se da con un paso concretado (por parte del Estado venezolano) que haya una verdadera reforma del sistema de justicia, que se concrete la medida para reinstitucionalizar a este país, y recobrar que haya un sistema de pesos y contrapesos, que es la base central de la democracia, porque sin eso no podrá haber investigación de verdad, investigaciones genuinas”, expone el abogado.
Añade que las autoridades que hoy ocupan el Estado tendrán que ponderar la situación. “Sabemos que hay presiones de mucho orden y circunstancias, y que, si no se constata que se produzcan estos elementos estructurales, que haya de verdad una investigación y proceso judicial en contra de los responsables, algo de verdad transparente, creíble, el resultado será que estas acciones resultaron una fachada, lo que será descubierto por el Fiscal.
Sobre el tiempo para una decisión de la fiscalía de la CPI considera que no será quizás en diciembre, cuando habrá pronunciamiento importante sobre casos de exámenes preliminares, porque sería muy pronto y el fiscal está confiriendo tiempo para evaluar y ponderar si las acciones del Estado venezolano conducen a investigaciones eficaces, pero sí para 2021.
—Para tener claro, ¿basta con que el Estado venezolano enjuicie a los responsables materiales de casos de David Vallenilla, Juan Pablo Pernalete o del capitán de navío Acosta Arévalo o se tiene que dar con la cadena de mando?
—Es fundamental que haya una investigación en contra de los máximos responsable. La cuestión de máximo responsable es un principio muy complejo. Lo que sí es importante es que exista un interés genuino de que no queden espacios de impunidad, y esto es muy complejo en circunstancias como las que vivimos en Venezuela, por una razón lógica de cómo funcionan esos sistemas represores, y es que los que ocupan el poder son las mismas personas que cometen los crímenes, entonces no parece razonable que cuando esas personas no encuentren incentivos para dejar el poder con cierta garantía de preservación de un interés propio, de alguna manera no van a abrir sendas para una transición y un cambio político ni mucho menos para hacer algo que los perjudicase al grado de que encuentren un juzgamiento en su contra.
“Esto nos deja en un escenario –continuó- de ¿qué podemos esperar? Lo que tendría que esperarse es que esta situación de búsqueda de estímulos para que haya ciertos juzgamientos dé resultado. El rol de la CPI es que haya juzgamiento en contra de mandos medios, eso resulta más factible en este momento, porque la coalición dominante no se va a hacer el hara-kiri (ritual de suicidio de origen japonés)”.
Desde la perspectiva de Simón Gómez, tienen que ocurrir más cosas en el momento presente para que haya esos juzgamientos en Venezuela. “En las actuales circunstancias el régimen haría una movida estratégica adecuada si logra sacrificar mandos medios, pero hay que esperar un tiempo. Me parece ingenua tanto la opinión que va a haber juzgamiento para altos jerarcas, al igual que la de quienes creen que no va a pasar nada, y esto es porque algo ha venido pasando. Hay que ser responsables en esa evaluación, hacerla sin elementos emocionales y medirlo en ese escenario de los estándares internacionales”.
—¿Se puede decir está entrampado el gobierno?
— A largo plazo sí.
— Es decir ¿entre harakiri y sacrificar mandos medios para poderse salvar?
—Exactamente. A corto plazo esto puede significar no haya pronunciamiento de apertura de investigación en diciembre o en algunos meses, pero para que la fase de examen preliminar sea desechada y haya un pronunciamiento que diga que en Venezuela existen condiciones para juzgar deben darse esas condiciones y, mientras no se den, el fiscal no va a actuar de una forma que viole el Estatuto de Roma.
— El director de HRW, José Manuel Vivanco, afirmó esta semana que Latinoamérica está abandonada a su suerte y señala que cada vez hay más líderes autoritarios. ¿Qué puede hacer la justicia internacional para evitar que se multipliquen los desmanes de líderes autoritarios?
—La presión sobre el mundo en general es que parece que lamentablemente crecen los autoritarismos de diversa índole, los de populistas como El Salvador, o extrema izquierda y derecha, y eso es algo que nos va a desafiar. Creo que en América Latina hay diversas circunstancias que hay que evaluar cada una en su justa dimensión.
Considera Simón Gómez que el pronunciamiento del fiscal Khan en relación a Colombia, donde selló el cierre del examen preliminar por los crímenes cometidos contra las fuerzas insurgentes, ha sido cuestionado por muchas personas, víctimas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, pero lo que es cierto es que esa medida se ha dado en una situación que tiene un contexto completamente diferente al de Venezuela.
Argumenta que el examen preliminar se había prolongado en Colombia por algo más de 17 años, se inició en 2004, y estaba en la misma fase que el de Venezuela, pero durante esa fase de examen, la complementariedad se encontró con esfuerzos que califica de muy meritorios por parte del Estado colombiano por llevar a cabo investigaciones y juzgamientos, así como con la instalación de un sistema de justicia transicional, con comisión de verdad, medidas reparatorias y unos tribunales especiales para juzgar los desmanes del conflicto armado.
«Nada de esto lo tenemos en Venezuela, por consiguiente, no se pueden establecer paralelismos entre esa situación y la nuestra. Esa medida de cierre del examen preliminar y búsqueda de un mecanismo de cooperación en Colombia tiene que ser analizado a la luz de ese contexto y en nada se va a parecer a las formas de cooperación que el fiscal Karim Kahn va a tratar de establecer en Venezuela”, puntualizó Simón Gómez.
