Sindicato oficialista defiende rebaja en bonos adeudados a trabajadores de la salud
Fenasirtrasalud coincide con el resto de sindicatos en la dotación de hospitales públicos, una cuestión que debe incluir equipos de bioseguridad para todos los trabajadores de la salud. Además pidieron un control para evitar «situaciones irregulares»
El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud (Fenasirtrasalud), Octavio Solórzano, defendió este martes 26 la rebaja en los bonos adeudados a trabajadores activos, jubilados y pensionados en las últimas negociaciones con el Ejecutivo nacional.
En una entrevista a Unión Radio, Solórzano dijo que rescataron «una negociación que nos parece válida». Reiteró que los montos aprobados fueron de 200 bolívares para la cancelación del bono correspondiente a uniformes y calzado, mientras que el pago del bono recreacional para jubilados y pensionados se hará fraccionado.
El sindicalista aludió a la «guerra económica», las sanciones y la «pulverización del salario» para explicar los cambios en la contratación colectiva y el por qué no se respetó el acta convenio anterior para cancelar estos bonos.
«El bono de uniformes se pasó a dos salarios mínimos en 2018 (…) Vamos a unas discusiones de acta de guerra económica en 2018, 2019, 2020 y 2021 y tuvimos que anclar esas cláusulas a diez salarios mínimos, que en 2021 era de siete bolívares. ¿Qué pasa cuando se aumenta el salario? (…) Se sacaron las cuentas y eran 1.300 bolívares que se tenía que multiplicar por 350.000 trabajadores de la salud», explicó.
Solórzano dijo que al «estar conscientes del impacto de la cláusula», se fue a una revisión con los Ministerios del Trabajo y Salud tras la aprobación de un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que rebajó otros bonos y estipendios entre 30 y 50% según denuncian varios sectores.
También ratificó lo dicho por otros sindicatos de corte oficialista, al reconocer que en las discusiones con funcionarios de ambos ministerios les dijeron no contar con los recursos suficientes para cancelar los bonos como estaban establecidos en el acta convenio anterior.
«A nosotros se nos dijo que lo único que se podía pagar era lo equivalente a un salario mínimo, es decir, 130 bolívares que nosotros no aceptamos. Pusimos en la mesa que fueran 650 bolívares y no se aceptó. Luego 450 bolívares y no se aceptó, y luego se nos planteó cancelar el bono de jubilados y pensionados en base al salario básico, lo aceptamos, y pagar el bono de uniformes en 200 bolívares y también lo aceptamos», resaltó el sindicalista.
Los cambios en las actas convenios fueron rechazadas por 14 organizaciones gremiales nacionales, entre federaciones, colegios y asociaciones, pues no se respetaban los acuerdos anteriores. También se denunció la inclusión en la firma de un sindicato que no estuvo presente y tampoco aprobó dicho documento.
Otra cuestión que explicó el dirigente de Fenasirtrasalud es que se logró un acuerdo con el ministro Francisco Torrealba para crear una comisión con el objetivo de que en el primer trimestre de 2023 se proporcione de uniformes y zapatos a los trabajadores de la salud, que debería repetirse en el tercer trimestre de ese año.
Piden dotación de hospitales
En lo que coincide Fenasirtrasalud con el resto de sindicatos es en la dotación de hospitales públicos, una cuestión que debe incluir equipos de bioseguridad para todos los trabajadores de la salud. Además pidieron un control para evitar «situaciones irregulares».
«No hay una dotación adecuada para el desarrollo integral de nuestra profesión. Puedo decir como bioanalista que aproximadamente 80% de los laboratorios públicos está paralizado. Eso es una realidad y así de manera general», aseguró.
También dijo que no se puede crear una «cacería de brujas» contra médicos o enfermeras por solicitar insumos para atender a los pacientes, pues no los hay en los hospitales. «Ellos hacen un esfuerzo para cumplir con su récord quirúrgico, sin insumos, para poder graduarse, ¿y los vamos a perseguir? Eso no puede ser».
Por ello, reiteró que es una «responsabilidad ineludible que tiene el Estado de dotar de esos instrumentos para la buena ejecución del trabajo. Esa es la discusión que nosotros tenemos planteada».
