Tarek William Saab: Directores presos de Baruta eran operadores de la constructora HP
El fiscal Tarek William Saab reiteró que el Ministerio Público ha develado 31 tramas de corrupción relacionadas con la industria petrolera y por las cuales se han detenido 237 personas y 75 ya han sido condenadas. Además, dijo que han imputado a 16.737 personas, de las cuales 4.058 han sido condenadas, en los últimos cinco años por diversos hechos de corrupción
El fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, aseguró la tarde del 12 de junio que «se comprobó» que dos exdirectores de la Alcaldía de Baruta (estado Miranda) eran operadores financieros de los dueños de la constructora HP, donde figuraban los hermanos Roger y Rafael Perdomo como accionistas y que se menciona en la trama «Pdvsa Cripto».
«Por ellos nadie ha venido a ejercer un derecho a la defensa porque obviamente sí tuvieron que ver, sí participaron en delitos de corrupción», dijo Saab en entrevista a Globovisión.
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Harold Sosa y Juan Carlos Posner fueron detenidos el 12 y 13 de abril, respectivamente, por la Policía Nacional Contra la Corrupción por su supuesta implicación en la trama «Pdvsa Cripto», como se conoció a los hechos de corrupción que involucraron a altos funcionarios de la estatal petrolera, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), un diputado de la Asamblea Nacional y varios empresarios.
Por estos hechos hay 43 personas detenidas entre funcionarios públicos y operadores financieros, comentó el fiscal Saab, y hay otras órdenes de aprehensión que no han sido materializadas. Dijo que en las «próximas horas» se confirmarán las acusaciones por parte de la Fiscalía para que estas personas pasen efectivamente a juicio.
También destacó los casos del exdiputado del PSUV Hugbel Roa y la detención del expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana Pedro Maldonado, que se efectuó «por sus conexiones con estos personeros».
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Reiteró que el Ministerio Público ha develado 31 tramas de corrupción relacionadas a la industria petrolera y por las cuales se han detenido 237 personas y 75 ya han sido condenadas. Además, dijo que han imputado a 16.737 personas, de las cuales 4.058 han sido condenadas, en los últimos cinco años por diversos hechos de corrupción.
Sobre la situación del exalcalde Ernesto Paraqueima, detenido el 4 de mayo por sus críticas a un mural pintado por organizaciones de trastorno del espectro autista, el fiscal Saab recordó que fue imputado por los delitos de obstrucción a la libertad de comercio, acto agravante contra el niño y promoción al odio.
«Tenía cinco denuncias ante el Ministerio Público (…) ¿Vamos a permitir que alguien investido de autoridad vaya con su promoción al odio a acabar con la sociedad pacífica en Venezuela y diga ‘a mí nadie me ataca’?. Se burle de las mujeres, los ancianos, acabe con el comercio (…) practicamente acabó con el comercio de El Tigre», dijo Saab.
Saab sobre la CPI
Sobre la instalación de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), recordó que esta brindará asistencia técnica para mejorar el sistema judicial venezolano. «Esto es un avance positivo. El Estado venezolano firmó el Estatuto de Roma, de los primeros países que lo firmó. Yo pienso que este es un tema que no podemos utilizar a favor o en contra, el tema de los derechos humanos es un tema de justicia y de verdad».
Saab reiteró que «en Venezuela se hace justicia y no hace falta que una instancia internacional, llámese Corte Penal Internacional o como sea, haga lo que ya estamos haciendo». El funcionario recordó que el gobierno venezolano ha entregado informes y cifras sobre la justicia que se aplica en el país.
«Vamos a seguir en la etapa de complementariedad y demostrar que Venezuela en su momento concreto, de los casos que han sido denunciados, ha hecho justicia», dijo.
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Afirmó que desde 2017 hasta la fecha se han identificado a 1.770 funcionarios estatales y 68 colaboradores por delitos relacionados a violación de derechos humanos. Evitó aclarar cuántas muertes de jóvenes durante las protestas antigubernamentales de 2017 han sido procesadas, judicializadas y condenadas.
«Aquí no hay impunidad. Si hubiese impunidad te hablara de cuatro personas, pero te estoy hablando de 2.109 acusados desde 2017 a la fecha. Han sido privados de libertad 868 (funcionarios) y 62 colaboradores para un total de 930 (…) 458 funcionarios o agentes del Estado que violaron derechos humanos han sido condenados, es decir, tienen sentencia definitivamente firme», señaló el fiscal Saab.
