Toma de gasolineras revela desorden legal en contratos de Pdvsa
Pdvsa rescindió de manera unilateral los contratos con varias estaciones de servicio de las cuales mantiene 100% de la titularidad. Sin embargo, la medida se puede extender hacia otros propietarios que han manejado el negocio en concesión. Hasta ahora no hay claridad sobre quiénes operarán las instalaciones ya tomadas por la empresa estatal
El finiquito de los contratos con varias estaciones de servicio en el país, deja al descubierto la disparidad de condiciones en las concesiones otorgadas por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desde que estatizó y nacionalizó los negocios conexos a la industria, entre ellos la distribución de la gasolina y el abanderamiento de las gasolineras en el año 2008.
Este 27 de junio se conoció de la medida ordenada por Pdvsa a través de un comunicado enviado por la Gerencia de Mercado Nacional, la cual se notificaba a los encargados de las estaciones de servicio que en su mayoría se encontraban vendiendo el combustible en dólares, de la rescisión del contrato suscrito y ordenaba el desalojo de los espacios en menos de 72 horas.
Como se recordará, con la Ley Orgánica del Mercado Interno de Combustibles aprobada durante la gestión del entonces presidente Hugo Chávez, nuevamente se estatizó el mercado mayorista de gasolinas y consagró la marca PDV como único abanderamiento de las estaciones de servicio en toda Venezuela.
A partir de ese momento, las 1.865 bombas de gasolina que existían firmaron contratos diversos con Pdvsa. Analistas han señalado que la empresa estatal se dio cuenta que no podía operar todas las instalaciones, por lo que llevó un plan con distintos vértices para llevar a cabo la operatividad de las mismas.
Fuentes del sector indicaron a TalCual que existen diversos criterios bajo los cuales Pdvsa entregó concesiones de las estaciones de servicio, como el tiempo que duraría la concesión y distintas condiciones dependiendo del estado en el cual se encontraban ubicadas.
«Por ejemplo, Pdvsa compró bombas de gasolina a sus antiguos propietarios; pero también instaló otras nuevas, las cuales son operadas por terceros. Está el caso de una bomba la cual hace unos años fue expropiada a su dueño y se les dejó a los trabajadores para que la manejaran a través de una cooperativa», dijo la fuente consulta que prefirió no ser identificada.
Existen casos además en que el terreno en la cual está ubicada la estación de servicio es de propiedad privada, pero los surtidores y otros inmuebles son de Pdvsa. «Yo le pago a Pdvsa su gasolina y yo la vendo, es decir, los equipos son de Pdvsa pero el comercio, el negocio y el terreno es mío. No se qué denominación darle a eso, de verdad. Tenemos años sin renovarse el contrato«, acota un dueño de una estación de servicio.
Esta última declaración revela el poco interés que tuvo Pdvsa todos estos años para reorganizar el negocio de la venta de la gasolina, además de la falta de decisión para unificar los criterios y condiciones de los contratos.
Para el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Elías Matta, la medida tomada recientemente por Pdvsa luce «extraña» pues prevé que esta maniobra responda a una negociación que tienen prevista con los iraníes para cancelarles la posible recuperación de las refinerías y darles en concepción las estaciones de servicio de gasolina.
«Ellos son buenos para destruir todo lo que el empresario, sobre todo nacional, logra edificar. Al régimen lo que le gusta es hacer negocios con los extranjeros rusos, chinos y ahora con los iraníes», aseguró Matta.
El sector que agrupa a las estaciones de servicio ha alertado la grave crisis económica y operacional de estos establecimientos durante los últimos años, debido a la falta de ajuste de los márgenes de comercialización en los pagos a las estaciones de gasolina, la negativa a sincerar o ajustar los precios de los combustibles y al retraso del pago que debía realizar mensualmente Pdvsa. Tras estos inconvenientes, la delicada situación empeoró con la hiperinflación, la escasez de combustible y la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus.
Todo ello hizo que muchos establecimientos cerraran sus puertas y en la actualidad llegan a 1.568, según cifras aportadas por el propio Ministerio del Petróleo.
Es por ello que los encargados de las estaciones de servicio mantuvieron esperanzas en que el negocio pudiera mejorar con el nuevo esquema de venta de la gasolina propuesto por la administración de Nicolás Maduro, con el cual se estableció un aumento en el precio del combustible a 5.000 bolívares el litro (subsidiada) y otra con un precio de 0,50 dólares el litro. Sin embargo, esta posibilidad se esfumó con la intención de Pdvsa y del Ministerio de Petróleo de tomar el control de estos establecimientos sin previo aviso.
Los consultados advierten que Pdvsa aún no ha definido el margen de comercialización de la gasolina tras la adopción de los nuevos precios, por lo que se desconoce el margen de ganancia que tendrán estos comercios.
«Hay muchas bombas PDV que están abandonadas y otras fueron cerradas por la propia Pdvsa. Por qué el gobierno no las recupera, que empiecen por esta bombas en lugar de quitarles el negocio a gente que se ha comido las verdes durante tantos años», apuntó una de las fuentes consultadas.
Hasta ahora -por cierto- se desconoce quiénes operarán las estaciones de servicio a las cuales se les ha ordenado su desalojo, cuyo plazo vencería este martes 30 de junio si las 72 horas dadas por la administración de Maduro son continuas.
El diputado Matta condenó la forma abrupta de finalizar los contratos de las estaciones de gasolina y que el régimen se ampara, para justificar estas rendiciones de contratos, en el Decreto de Emergencia Económica que ya lleva 26 prorrogas. «Esto es algo totalmente inconstitucional, que además ha sido negado por la Asamblea Nacional desde el año 2016«.
Afirmó que no se respetó el Estado de derecho ni las leyes de la República, por estas acciones inconstitucionales, espantando los inversionistas. «Nadie quiere arriesgar su dinero en un país donde no hay claridad ni seguridad jurídica».
