Trabajadores encendieron las calles durante todo el 2018
La última medida arbitraria del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los trabajadores venezolanos, fue la eliminación o absorción al salario, de primas, bonos y compensaciones laborales
El 2018 ha sido un año de crisis para los venezolanos. La inflación pulverizó el salario de los ciudadanos, las políticas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro golpean cada vez más el bolsillo de los trabajadores, la destrucción de la empresa pública y privada y el caos de los servicios públicos son solo algunos de los motivos que llevaron a los trabajadores a tomar las calles de todo el país.
Así lo percibe el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organismo que registró desde enero hasta octubre más de 10 mil protestas, superando así las olas de manifestaciones más grandes que haya vivido el país bajo el régimen de Nicolás Maduro, incluso sobrepasando lo sucedido en el 2017.
Los esfuerzos del gobierno por mitigar este descontento no han sido suficientes, y muestra de ellos es que ni con los seis aumentos salariales realizados durante el año pudieron devolver el poder adquisitivo.
De hecho, el incremento del salario dejó de ser para los venezolanos una alegria, quienes saben que cada incremento significa una reducción del poder de compra. Evidencia de ello se tiene al observar que en octubre el valor de la Canasta Básica Familiar fue de Bs.S 82.415, monto que se contrasta con los Bs.S 1.800 del salario mínimo, por lo que una familia necesitaba 45 salarios mínimos para poder cubrir solo sus necesidades básicas.
Los gremios de la salud, la educación, trabajadores públicos en general, del Metro de Caracas, de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y transportistas, son algunos de los que durante el 2018 protagonizaron las protestas laborales que mantuvieron calientes las calles del país.
Un paro de larga duración
El 25 de junio el gremio de enfermeras decidió dar inicio a un paro que duró cerca de dos meses, sus peticiones eran muchas, cerca de 60 días en la calle revelaron un sinfín de problemas que aquejan no solo al personal que hace vida en los centros de salud públicos, sino las condiciones a las que está sometido cualquier ciudadano que requiera de atención médica.
Durante ese tiempo en la ciudad capital se podía observar a cientos de personas con sus uniformes blancos en las puertas de sus centros de salud. El Algodonal, Miguel Pérez Carreño, Hospital Universitario de Caracas, Pérez de León, las maternidades Santa Ana y Concepción Palacios, fueron algunos de los hospitales en los que su personal salió a las calles para exigir al Gobierno respuestas a sus exigencias.
La Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República y el ministerio del Trabajo fueron algunos de los despachos gubernamentales donde las enfermeras acudieron para exigir ser escuchadas
La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, exigió durante todo ese tiempo que la labor del gremio fue dignificada.
Los médicos, nutricionistas, obreros y demás sectores del gremio de la salud decidieron unirse al llamado a paro, creando así la gran protesta nacional del sector.
La respuesta de Nicolás Maduro ante este reclamo fue su intensión de ocupar los cargos del personal inconforme con médicos integrales, supuestos galenos que no cuentan con los mínimos conocimientos para la atención de pacientes por elementales que sean sus padecimientos.
Unos 45 días pasaron para que los representantes de todos los gremios de la salud del país fuesen escuchados, pese a lo cual nada ocurrió: los trabajadores no recibieron las respuestas deseadas, y sus peticiones siguen en el limbo.
Un tabulador chucuto
A solo cuatro días de haber entrado en vigencia la reconversión monetaria el 17 de agosto pasado, el uso del bolívar soberano y el salario mínimo de Bs.S 1.800, el Gobierno decidió publicar los tabuladores por los que se rigen todos los trabajadores de la administración pública nacional.
Parte de los anuncios que trajo esta nueva normativa es que primas, bonos, compensaciones y “demás conceptos asociados a variantes de guerra” fueron eliminados.
Según el Estado, todos estos beneficios que ayudaban a los trabajadores a palear la crisis económica pasaron a estar “incluidos” dentro del salario base.
Esta medida fue la gota que derramó el vaso, el motivo que lanzó a la calle a los miles y miles de empleados de empresas tanto públicas como privadas, quienes vieron en esta decisión la eliminación absoluta de sus derechos contractuales
Sindicalistas de todos los gremios denunciaron que con este tabulador se estaría acabando con las contrataciones colectivas, dejando por fuera el reconocimiento por estudios, primas por hijo, de transporte y una que otra medida que aumentaba los ingresos mensuales; dejando a todos los trabajadores con un salario igualitarios que en oportunidades no alcanza ni siquiera para cubrir el traslado hacia y desde su sitio de labor.
Las respuestas del Estado han sido muy adversas a lo esperado por los venezolanos, los despidos masivos, las persecuciones, represiones y arremetidas no se hicieron esperar.
Unos 100 despidos injustificados se habrían dado entre 2017 y lo que va de 2018 en el Metro de Caracas, de acuerdo a la información que maneja el sector. El caso más reciente es el de Deillily Rodríguez, quien fue despedida el 31 de octubre de este año.
Los empleados de la estatal de transporte no duraron en ampararse ante el ministerio del Trabajo, que ordenó que al menos 60 trabajadores debían ser reenganchados en la compañía.
Sin embargo, la orden no fue escuchada, según Rodríguez, abogados del Metro de Caracas alegaron que la empresa se reservaba el derecho de admisión.
Este es solo uno de los casos de violación a los derechos de los ciudadanos, en los que el patrono Gobierno liderizar las más duras arremetidas en contra de aquellos que solo exigen que se cumpla con las condiciones mínimas para poder trabajar y llevar una vida digna, bajo condiciones adecuadas y con un salario que permita cumplir con las necesidades de los ciudadanos.
La última decisión arbitraria en contra de un venezolano que decidió alzar su voz para defender el derecho de los empleados y el respeto de las contrataciones colectivas, fue la detención arbitraria del presidente del sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, el 29 de noviembre, cuando se diría a Ciudad Guayana en el estado Bolívar
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Pica en el estado Anzoátegui, señalado por presuntamente haber incurrido en una agresión a funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Muchos dirigentes sindicales catalogaron esta medida como un intento del Gobierno por silenciar a la clase trabajadora, por acabar con la lucha por la recuperación del salario.
El 2019 promete ser un año difícil para el trabajador venezolano, para quien dejar las calles no ha sido una posibilidad. La falta de dinero, las malas condiciones de vida y la simple sobrevivencia serán los sustentos de las la lucha laboral en el futuro inmediato.
