Cuatro años de la muerte de Óscar Pérez, sin responsables ni juicios por la masacre
La historia de Óscar Pérez y su grupo inició el 27 de junio de 2018, cuando tomaron acciones contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro hurtando un helicóptero del Cicpc
El 15 de enero de 2018 se vio desde las redes sociales como un operativo de captura de presuntos terroristas se convirtió en una serie de ejecuciones extrajudiciales en vivo. De un lado, el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez junto a otras seis personas informaba de su rendición a las autoridades y pedía un alto al fuego; mientras que del otro, funcionarios de diversos cuerpos de seguridad (Dgcim, PNB y FAES) disparaban contra la vivienda en la que se encontraba oculto.
El saldo de la llamada «Operación Gedeón» o «Masacre de El Junquito» resultó en la muerte de Pérez, junto a Daniel Soto (30 años), Abraham Noé Lugo Ramos (30 años), José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Simón Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Ramírez.
Hoy, a cuatro años de haber ocurrido, y con una visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de por medio, la madre de Pérez, Aminta Pérez, pide que se haga justicia por el asesinato de su hijo.
Como en otros crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad la impunidad es total. Más razones para que actúe la Corte Penal Internacional y se active la jurisdicción Universal @KarimKhanQC @mbachelet @CIDH
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) January 15, 2022
Del lado policial, según dijo el entonces ministro de Interior Néstor Reverol se produjeron las muertes del supervisor en jefe de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) Andrew Domínguez y el oficial agregado Nelson La Cruz (29 años), además de quedar heridos otro ocho funcionarios. Otro de los muertos fue el líder del colectivo Tres Raíces Heyker Vásquez, quien en ese operativo tenía vestimenta policial, pero fue reseñado con otro nombre.
La historia de Óscar Pérez y su grupo inició el 27 de junio de 2018, cuando tomaron acciones contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro hurtando un helicóptero del Cicpc y sobrevolaron varias dependencias públicas como el Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia.
Desde entonces comenzó una persecución contra este grupo insurgente que buscaba un cambio político en el país. Varias acciones grabadas en las redes sociales evidenciaban los actos de Pérez contra el actual régimen hasta que a mediados de 2018, fueron acorralados en un chalet en el sector El Junquito, municipio Libertador, donde el expiloto del Cicpc documentó lo que estaba ocurriendo a través de videos en las redes sociales hasta momentos antes de su ejecución.
Cada uno de los fallecidos del grupo de Óscar Pérez, incluyendo al exCicpc, recibieron disparos a corta distancia aún estando vivos, cuestión que según los organismos internacionales de derechos humanos es considerado como una ejecución extrajudicial. Los resultados de las autopsias de tres de los fallecidos fueron publicados por el diario El Mundo de España en un reportaje en 2019.
En el reportaje se hace mención a la diligencia realizada por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, a principios de 2019 cuando publicó par de imágenes en la que se evidencia que Óscar Pérez fue alcanzado por no menos de 12 disparos, uno de ellos en la nuca.
*Lea también: España niega asilo y da residencia por razones humanitarias al hermano de Oscar Pérez
Ortega Díaz explicó que los funcionarios del régimen de Maduro entraron disparando al chalet donde los sublevados se escondían. Alertó que varios de los fallecidos tenían orificios de bala en la palma de la mano y en los brazos, lo que a su juicio da a entender que se estaban defendiendo.
Hace 3 años el régimen mostró lo peor de su saña criminal con el asesinato de Óscar Pérez y 6 de sus compañeros, quienes fueron masacrados por su deseo de un mejor país. Todas las pruebas de ese caso las enviamos ante la @IntlCrimCourt y estoy segura que habrá justicia! #15Ene pic.twitter.com/2O52CC0R76
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) January 15, 2021
Todas esas fotos fueron entregadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que avanza en un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir de 2017.
Excarcelados, sin responsables
El 16 de enero, un día después de la masacre, Néstor Reverol dijo que por el supuesto apoyo a la «célula terrorista» que dirigía Óscar Pérez estaban siendo procesadas penalmente seis personas: Juan Carlos Urdaneta alías “El Tío”; Eva María Lugo; Laura Vanessa Lugo, Antonio José Pérez Cisneros; y el médico Williams Aguado.
De este grupo todos fueron excarcelados entre 2019 y 2020 por medidas tomadas a través de la comisión presidencial para el diálogo o indultos dados por Nicolás Maduro. Igual suerte corrieron los detenidos de la Operación Gedeón II, como se llamó a la detención de expresos políticos y varios civiles hace dos años a quienes se les vinculó de tener nexos con Óscar Pérez o hacer actividades «terroristas» en su nombre.
Por las ejecuciones extrajudiciales del exCicpc y su grupo no hay responsables, y las autoridades venezolanas no han iniciado las investigaciones correspondientes. Tan solo existe la denuncia ante la CPI y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
*Lea también: Habla exfuncionaria de las FAES en el exilio a dos años de la muerte de Óscar Pérez
La Misión de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de Naciones Unidas sobre Venezuela, se refirió a la masacre de El Junquito en el informe entregado en septiembre de 2020, donde se señala que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad
