ULA y Fundación El Amparo denunciarán atropellos contra personal universitario
Los especialistas en derechos humanos de la ULA aseguran que existe doble responsabilidad, la del Estado, que hay que solicitarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y la responsabilidad penal individual de los altos funcionarios públicos que en su cadena de mando han intervenido para negarle los derechos
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) y la Fundación El Amparo están coordinando un plan de trabajo conjunto, a corto plazo, para denunciar al Estado venezolano por graves violaciones de derechos humanos cometidos contra de profesores activos y jubilados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
En reunión realizada el pasado viernes 14 de octubre en la sede del rectorado de la ULA, en Mérida, entre el rector, Mario Bonucci; el presidente de la Fundación El Amparo, director General del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), y docente jubilado de dicha casa de estudios, Walter Márquez, y representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, se conversó sobre los bajos salarios que perciben los docentes y el personal administrativo y obrero de la casa de estudios, las consecuencias humanitarias que esto ha conllevado, pues no tienen acceso ni a un sistema de salud adecuado, por lo que recopilarán casos puntuales para elevar esta situación ante los organismos internacionales, por ser un hecho sistemático y repetitivo de crimen de exterminio tipificado en el Estatuto de Roma por la privación de alimentos y medicinas.
«Estamos diseñando un plan de trabajo para investigar y documentar casos concretos de vulnerabilidad de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El hecho de que los profesores universitarios activos y jubilados no ganen ni siquiera un salario mínimo que cubra las necesidades y la dieta básica, es un crimen de lesa humanidad por la privación al acceso de alimentos y medicinas», expresó Márquez.
El defensor de derechos humanos También explicó que existe doble responsabilidad: la del Estado, que hay que solicitarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y la responsabilidad penal individual de los altos funcionarios públicos que en su cadena de mando han intervenido para negarle los derechos a un salario digno, a una seguridad social, y también al respeto integral de la autonomía universitaria y sus integrantes.
«La universidad es un espacio democrático, cuando se ataca a la universidad, se ataca a la democracia y tenemos que luchar por rescatar los valores constitucionales, democráticos y civilistas. Fueron los espacios de la Universidad Central de Venezuela en que se formaron los próceres de la independencia, y la universidad sigue resistiendo frente a un régimen totalitario y antidemocrático», resaltó Márquez.
Visibilizar los atropellos
Sobre esta nueva ruta de trabajo el rector de la ULA, Mario Bonucci, indicó que la sinergia con la Fundación El Amparo va a producir resultados positivos porque visibilizará los atropellos cometidos en contra del personal universitario, y permitirá crear una cultura de defensa de los derechos humanos.
«El Observatorio de Derechos Humanos no solo sirve para defender a la universidad, nos sirve para visibilizar todos estos atropellos y cosas que están ocurriendo. Nuestro observatorio que fue creado a partir de unas protestas en 2014 busca visibilizar y empoderar a la ciudadanía, y es lo que hace Walter Márquez… Creo que lo más importante es que independientemente de que usted haga o no haga una denuncia, usted pueda tener un pueblo empoderado en sus derechos, que diga yo tengo derecho a la protesta, yo tengo derecho a hablar. La esperanza se construye es de esa manera», expresó Bonucci.
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Con información de La Nación
