Un dilema del chavismo, por Teodoro Petkoff
A quién creerle en el chavismo? Por un lado, José Vicente Rangel, con un planteamiento de apertura y tolerancia, y aunque sin escatimar críticas al liderazgo opositor pero hasta en eso ha sido mesurado; por el otro lado, algunas cuantas figuras recién electas del gobierno en una tónica agresiva y en plan francamente retaliativo.
¿Cómo se compadecen las declaraciones de Rangel (Ultimas Noticias, ayer) afirmando que los dos gobernadores electos por la oposición tienen iguales derechos que los gobernadores chavistas, con las frases hirientes de Juan Barreto sobre Peña o con el sarcasmo brutal de Jorge Rodríguez hacia Salas Feo?
Por supuesto que toda gestión administrativa tiene que ser objeto de control posterior. Pero si la acción de control se limita a los mandatarios salientes, excluyendo a quienes resultaron reelectos, entonces no estaremos ante la necesaria verificación democrática de la administración pública sino ante un acto cuyo sesgo lo haría inmediatamente sospechoso de venganza política y no de preocupación por la pulcritud administrativa. Barreto tiene todo el derecho — más aún, la obligación— de realizar una auditoría en la alcaldía que recibe, pero a lo que no tiene derecho es a agraviar en el plano personal a su antecesor. Rangel sostiene que se está descongelando la polarización (y ojalá fuera así, añadimos nosotros), pero ciertas conductas como la que acabamos de señalar y otras semejantes, así como las tentativas de “arrebatar” en algunas alcaldías donde el chavismo no alcanzó la victoria, no son precisamente contribuciones a esa deseable “descongelación”.
La responsabilidad de crear en lo posible un nuevo clima en el país, menos crispado, menos dominado por la virulencia, es básicamente del gobierno. No porque los partidos políticos de oposición sean ajenos al asunto —que no pueden serlo— sino porque con una suma de poder tan grande concentrada en sus manos nadie podría entender que no pueda el gobierno establecer las bases para una convivencia democrática. Cuando Rangel señala que una democracia no puede funcionar sin oposición, admite, como es lógico, que la discrepancia, la diferencia de puntos de vista y la confrontación son inherentes a la vida democrática. La responsabilidad del gobierno es la de crear condiciones para garantizar que esa confrontación, por su parte, no habrá de desbordar los límites de la convivencia.
La oposición ha cometido errores, sin duda alguna, pero el gobierno no puede considerarse libre de pecados. Que los partidos políticos y algunas organizaciones civiles le deben al país una reflexión autocrítica parece obvio, pero el gobierno también está obligado a ella, como bien lo demuestra la declaración que diera Diosdado Cabello al periodista Juan Carlos Zapata (Semanario Descifrado, 21/28 octubre), reconociendo entre otros errores el de haber “estrangulado a la oposición, no dándole espacio para que se moviera”. Porque a esta polarización bestial no se llegó gratuitamente, sólo a partir de la conducta de la oposición, y un gobierno que nunca ha logrado tener más de 60% sobre el total de votos válidos no puede actuar como si el 40% restante estuviera pintado en la pared. Cuando Rangel habla pareciera que hay una reconsideración de conductas pasadas. Pero, ¿a quién se le cree? ¿A JVR, a Diosdado Cabello o a Juan Barreto?
