Venezuela necesita sentido común, no decretos de emergencia, por Stalin González
El régimen de Nicolás Maduro ha firmado un nuevo decreto de emergencia económica, que le otorga poderes especiales durante 60 días —prorrogables por 60 días más— para tomar «medidas urgentes y extraordinarias». Se anunció que dicho decreto tiene como fin enfrentar las sanciones de EEUU pero, más allá del discurso panfletario, este decreto, como cada uno de sus antecesores, representa un nuevo capítulo en el deterioro institucional y económico del país.
Las sanciones impuestas por Washington tienen incidencias negativas en nuestra economía, sin embargo, Venezuela no está en crisis por las sanciones. El verdadero colapso comenzó mucho antes, hace 26 años, cuando se instauró un modelo político y económico que ha destruido la productividad, ha llevado a la pobreza a la mayoría de la población y ha obligado a casi 8 millones de venezolanos a emigrar. Desde 2013, Maduro ha gobernado con leyes habilitantes que le han permitido concentrar poder sin contrapesos. Su primer decreto de «emergencia económica» fue en 2016, y estuvo vigente durante cinco años. ¿El resultado? Más inflación, más pobreza y más control.
El objetivo central de este nuevo decreto es la centralización de todo el sistema tributario, de modo que le quita a alcaldías y gobernaciones su capacidad de recaudar impuestos. Toda la recaudación pasaría al Seniat y por ende en control del Ejecutivo, lo que lo faculta para el control casi absoluto del gasto público. Asimismo, suspende garantías constitucionales en materia económica, financiera y monetaria.
Detrás de esta decisión está una realidad innegable: el régimen ya no puede seguir imprimiendo dinero sin respaldo como lo hacía antes, porque eso dispararía aún más la inflación. Pero en lugar de hacer reformas estructurales, intenta tomar control total de los ingresos públicos para sobrevivir unos meses más. Es alarmante la idea de que el régimen podría volver a obligar a empresarios y productores a vender sus productos al Estado, como ocurrió entre 2017 y 2019. En esa época, el régimen compraba mercancías a precios bajos, lo que limitaba las ganancias de los productores. Esto fue una receta para el desastre. Se perdió producción, aumentó el desabastecimiento y la inflación se disparó.
Hoy el panorama no es distinto. Los empresarios están asfixiados por impuestos altísimos, no hay créditos que impulsen la producción, y la mayoría de los venezolanos no tiene cómo comprar porque los salarios están congelados en niveles miserables.
Mientras el régimen intenta revivir modelos económicos del siglo pasado como la «sustitución de importaciones» —una estrategia que fracasó en toda América Latina hace décadas—, la economía venezolana sigue estancada en una crisis que parece no tener fondo. No estamos ante una solución. Estamos ante una repetición de los mismos errores, una película de ciencia ficción donde el régimen viaja al pasado solo para tropezar otra vez con las mismas piedras.
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Venezuela no necesita decretos de emergencia. Necesita sentido común, reformas reales, libertad económica y respeto a las instituciones. Hasta que eso no ocurra, cada medida «extraordinaria» será solo una excusa más para seguir empobreciendo al país.
Iván Stalin González es político, abogado y dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo
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