Votémosle, por Teodoro Petkoff
Si en una situación de conflicto los involucrados en ella perciben que ninguno puede imponer su voluntad a los otros por la fuerza, no les queda más remedio que negociar una solución. Ese es nuestro caso. Aunque tanto en el gobierno como en la oposición hay todavía quienes sueñan con el knock out del contrario, lo cierto es que eso es imposible en las circunstancias actuales y la prolongación de la situación de conflicto permanente entraña un serio desgaste para toda la vida del país, desde lo económico hasta lo psicológico. Esto ya es inaguantable, de modo que aquí no hay alternativa a la negociación. O se negocia una solución o todos nos vamos a volver locos. La única opción alterna a la negociación -absolutamente indeseable- sería la de la violencia armada, pero ésta, apartando la destrucción y las víctimas que podría implicar, muy probablemente conduciría a un régimen dictatorial, gane quien gane, y todo sería peor.
Ahora bien, ¿negociar qué? Esencialmente una solución que permita al pueblo decidir. En democracia los pueblos deciden mediante el voto y la Constitución del 99 amplió los mecanismos para la participación popular en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles, desde el municipal hasta el nacional. La posibilidad de consultar al soberano en asuntos de trascendencia está establecida constitucionalmente y la norma define los distintos tipos de referendos posibles.
El referendo consultivo puede ser convocado en cualquier momento, a diferencia del revocatorio, que tiene un lapso prefijado. De manera que constitucionalmente hablando no existe ningún impedimento para consultar al soberano. El problema se plantea en relación con la pregunta que debe formularse. Este sería precisamente el nudo de una negociación. Porque la pregunta debe ser negociada por las partes. La actual situación es muy distinta a aquella en la cual el gobierno impuso las preguntas del referendo consultivo que permitió convocar la Constituyente y del referendo sindical. El gobierno ya no puede imponer la pregunta. La oposición tampoco. Tienen que llegar a ella de común acuerdo. Como tienen que ponerse de acuerdo también en la designación del árbitro. Porque las ruinas de lo que alguna vez fue el CNE no son garantía de nada para nadie. Hay que designar un nuevo CNE, confiable para todos.
¿Es factible esto? Sólo si se establece una negociación podremos saberlo. ¿Existe la posibilidad de que ello ocurra? No quisiéramos pecar de optimistas pero hay algunos signos en el cielo. El gobierno, por boca de Rangel, ha dicho que está dispuesto a discutir cualquier tema con la oposición. Esa noticia pasó por debajo de la mesa porque el propio vicepresidente se encargó de minimizarla con su absurdo reto a los constitucionalistas, pero es un planteamiento concreto. La Coordinadora Democrática, por su parte, después de la reunión con Gaviria, parece estar considerando positivamente la cuestión. Si fuere así, el horizonte electoral podría comenzar a despejarse.
