Cada día cuenta, cuando la educación está en juego
Autor: Luisa Quintero
El año escolar 20152016 estuvo dedicado al bicentenario de la Carta de Jamaica y el proyecto de la Gran Colombia. Una de las mejores pertenencias que tiene el hombre es la libertad y la inteligencia (ambas reflejadas por el Libertador en Jamaica), pero sin educación, la última de las pertenencias no da frutos.
Septiembre de 2015 fue el inicio para una educación que vio truncada varios de sus objetivos para preservar el nivel del embalse del Guri, pues hasta el ahorro energético descontó varios días para la causa educativa.
El año escolar en Venezuela cuenta con 200 días hábiles para que la educación básica, media y diversificada cumpla con los objetivos previstos por el Ministerio de Educación.
Lo que no previó la cartera de educación fue perder 17 días oficiales de clases por elecciones, paros forzosos en las escuelas por la inseguridad, fallas en luz y agua.
En los colegios cada día cuenta para realizar evaluaciones, dar nuevos contenidos y sobrepasar los conocimientos estipulados por el Ministerio que están pautados dentro del año escolar.
El primer evento que redujo días a las clases fueron las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, pues se descontaron cinco días al calendario desde el primero hasta el 7 de diciembre.
El Observatorio Educativo de Venezuela rechazó que el Ministerio se tomara 2 días más de lo estrictamente necesario para la realización del proceso electoral, pues «si bien el ministro señaló que la suspensión se realizaría solo en las escuelas que funcionan como centros electorales, no se especifica cómo se hará para reprogramar los días perdidos en esos casos».
Para el Observatorio, «Cada día de clase es importante para concretar el derecho a la educación», por lo que resultaba obligatorio recuperar esos días perdidos, mucho más cuando el período de suspensión de actividades por el proceso electoral no estaba incluido en el calendario (lo que hubiese permitido a esas escuelas tomar previsiones en su planificación) y cuando el anuncio se hizo sólo 3 días hábiles antes y por twitter. «Reprogramar los días perdidos es parte de la obligación del Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos», resaltó el Observatorio Educativo por medio de una publicación.
Luego de las elecciones, llegó Semana Santa junto con tres días libres extras (21,22 y 23 de marzo), dos de ellos decretados por el presidente Nicolás Maduro para que las escuelas y otras dependencias contribuyeran al ahorro energético.
El fenómeno de El Niño no solo creó varios problemas de rendimiento a los organismos públicos.
El 18 de abril se decretó un nuevo día libre por el ahorro de energía que incluyó a las escuelas, que casualmente coincidió con el feriado por el 19 de abril. Este nuevo día decretado por el presidente Maduro sería la antesala de casi mes y medio sin actividad académica los viernes para preservar el embalse del Guri.
29 de abril, todo los viernes del mes de mayo, y el 3 y 10 de junio fueron los días anunciados por el ministro Rodulfo Pérez, siempre por las redes sociales, en los cuales no se tendría actividad académica. El ministro argumentó que «esta medida es necesaria para el uso racional de la energía eléctrica, por lo que desde el sector educativo debemos cumplir con disciplina».
El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru Mendoza, afirmó que con esta medida de suspensión de actividades los viernes, «los alumnos corren el riesgo de no adquirir las competencias educativas requeridas para el grado superior al cual van».
Además, Alzuru también refiere que «Se desmejora aún más la calidad de la educación, por cuanto a la cantidad de horas de clase que ya han perdido (…) Más grave aún es en las escuelas Bolivarianas que deben recibir ocho horas de clases diarias, lo que se traduciría en 24 horas menos de clases».
Esta falta de clases no solo afecta a los alumnos, pues el presidente de la FMV recuerda que los docentes se ven obligados a reprogramar continuamente las actividades académicas, por lo que deben trabajar horas extras. «Sobre todo las actividades en aquellas áreas denominadas críticas, que estaban comenzando a recuperar porque tenían años sin docente de matemática, física o inglés».
La presidente de Fenasopadres, Nancy Hernández, expresó que «no es posible la recuperación porque la pérdida de clases implica que los estudiantes que egresan no tienen manera de reparar los objetivos de estudio que no vieron», y además, «los nuevos alumnos que están fomentando el hábito de estudio, se atrasan porque tienen que empezar desde cero cada semana».
Hernández calificó en su momento de abismal el silencio del ministro de Educación para responder ante la pérdida de clases, a la reprogramación o recuperación del pensum escolar. Justamente por esa falta de respuesta, al menos 27 asociaciones de padres y representantes a favor de la educación, la FMV y la asociación y la cámara de educación privada aseguraron que los más perjudicados por la pérdida de clases son los planteles de los sectores menos favorecidos.
Propuestas no faltaron, y un ejemplo de ello fue la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep). Su presidente Nancy Gómez indicó a través de un comunicado su disposición de procurar nuevas formas para disminuir aún más el consumo de electricidad dentro de los planteles educativos inscritos, para que la medida de los viernes sin clases no afectase lo poco que quedaba del calendario escolar.
Aunque los padres también se encuentran con obstáculos a la hora de garantizar la educación. «Cuando hay iniciativas de padres para reparar lo perdido, la respuesta que se obtiene de la Zona Educativa es de amenaza, de sanción o de cierre del instituto», refirió la presidente de Fenasopadres.
LO QUE NO SE CUENTA
Oficialmente, de los 200 días del calendario educativo establecido por el Ministerio se perdieron 17 días.
El Observatorio Venezolano de Educación refiere que entre los hechos recurrentes que también hicieron perder días de clases se contabilizan el robo de equipos, materiales y alimentos del Programa de Alimentación Escolar; suspensión parcial o total de la jornada por falta de agua, por apagones, y la inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento que, incluye cortes inesperados fuera del cronograma señalado por Corpoelec.
Sobre estos apartados, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), destaca en su informe anual 2015 que se registraron 319 reportes aparecidos en prensa sobre problemas en planteles educativos.
150 reportes de prensa se debieron a la inseguridad en planteles educativos, según registró Provea. Le siguen llamados de atención sobre problemas por construcciones paralizadas (24), infraestructura (23), clases en sitios inadecuados (13), falta de mantenimiento (14), además de falta de agua potable (9), falta se sistemas de agua servidas (8), o ausentismo de docentes o su falta absoluta (7).
Para el Observatorio de Educación, estas situaciones ameritan, una atención integral e inmediata del Estado, por lo que esperan que el Ministerio realice «Un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo».
Esta recomendación fue desechada por el ministro, quien insistió en que las medidas de ahorro energético y la pérdida de clases ante algunas situaciones no alteran la «calidad escolar».
LA CONSTITUCIÓN DICE…
Uno de los argumentos esgrimidos por el ministro de Educación para justificar los días perdidos fue que era necesario contribuir con el ahorro de energía. Pero, ¿dónde quedó el derecho a la educación consagrado en la Constitución? El artículo 102 reza que «La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad (…) El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley».
La profesora Alejandra Hidalgo explica que al estar consagrado el derecho a la educación, justamente sobre el Estado recae gran parte de la responsabilidad para garantizar que estén dadas las condiciones necesarias a toda la comunidad estudiantil, (alrededor de ocho millones de alumnos) de que prosigan sus estudios con normalidad.
«La interrupción de clases afecta la planificación escolar que ya tenemos, lo que implica cortar el proceso educativo y reforzar los conocimientos previos de los alumnos sobre la clase anterior para poder iniciar un nuevo contenido.
Para que la planificación educativa funcione, tiene que desarrollarse con ciertas condiciones», destaca Hidalgo.
Una interrupción en el calendario, no puede tomarse a la ligera porque afecta la calidad del proceso, detalla la profesora con más de 15 años de ejercicio. «La educación es una labor altamente planificada, y aunque cualquier planificación es dinámica y flexible, no lo podemos usar como excusa para cubrir imprevistos que pueden actuar en contra de la calidad de aprendizaje».
El artículo 103 constitucional viene a reforzar lo dicho por la profesora Hidalgo. «Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones(…) El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo».
Hidalgo también aboga por la reprogramación de días de clases perdidos que no estén previstos dentro del calendario escolar. «Esto pasa por la creación de un inventario que debe ser dirigido por el Ministerio de Educación, y donde las escuelas reporten los eventos que ocasionaron pérdidas. De esta forma el Ministerio puede estar al corriente de los robos y otras interrupciones y se preservaría el derecho a la educación de nuestros alumnos».
El Observatorio Educativo recordó al ministro que existe un sistema de información del sistema educativo, utilizado antes del inicio del 2000, que permitía conocer a profesores y representantes detalles del sistema educativo, incluyendo características de las escuelas, dotación, nómina y estudiantes, entre otras, escuela por escuela y en todo el territorio nacional.
«Ese sistema fue modificado progresivamente por el ministerio y a pesar de que, en los primeros años de la década pasada, se le hicieron mejoras y se puso a disposición de todos los ciudadanos en internet, como deber ser por tratarse de información pública, posteriormente, se fue reduciendo la información disponible, para terminar cerrando el acceso público en el 2010».
La profesora Hidalgo concuerda y señaló que «Es necesario que se regrese el acceso a la información ciudadana, pues la opacidad ha marcado los últimos años del Ministerio de Educación, donde se tienen pocas informaciones, y si siquiera es posible conseguir el calendario escolar, que debería ser publicado antes del inicio de año, algo que no se cumplió para el periodo 2015-2016».
EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR
A pesar de la pérdida de clases, el sistema educativo venezolano es uno de los que garantiza mayor cantidad de días de clases durante los periodos escolares, aunque esto no garantiza que la calidad esté de su lado.
Ecuador es uno de los mejores ejemplos en cuanto a planificación educativa en el continente. En ese país, los años escolares están divididos en dos quimestres, y solo separados por una semana de vacaciones.
Cuentan con una particularidad: debido al clima, hay un periodo escolar para la costa y otro para la serranía, y culminan en épocas distintas del año.
El fenómeno El Niño también se presentó en Ecuador con fuerza, por lo que las autoridades educativas decidieron que para completar el segundo quimestre del año era necesario dar clases los sábados hasta completar todos los contenidos estipulados en el año.
Además cuentan con un sistema distinto, por lo que cada periodo escolar empieza en mayo (actualmente están en el periodo 2016-2017) para culminar en enero del año próximo.
Colombia es otro ejemplo de planificación. Aunque el año escolar dura 9 meses al igual que en Venezuela, cuentan con dos calendarios que son adoptados de acuerdo las necesidades de cada plantel. Tienen planificadas sus vacaciones, y solo algunos fenómenos naturales como inundaciones son los que retrasan los periodos en algunas escuelas.
A diferencia de Venezuela, en Colombia se tiene la oportunidad de reparar cualquier materia pero solo puede ser un máximo de dos por año.
En Argentina también se contempla el sistema de trimestres durante un solo año para todos los niveles educativos. Debido al clima, se establece un receso de invierno, que generalmente abarca una o dos semanas sin clases.
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