Controles migratorios y censura, por Luisa Torrealba Mesa

@torrealbamesa @inincoucv

La Constitución Nacional garantiza el derecho de los ciudadanos a ausentarse de la república y volver, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. No obstante, en la última década, se han empleado estrategias, por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que de forma directa o indirecta afectan la libre movilidad de quienes deseen entrar o salir del país y su derecho a expresarse.

Retrasos para la emisión de pasaportes, falta de material para producirlos, fallas sistemáticas en el sistema automatizado para solicitar la cita que permite tramitar el documento, dificultades en la plataforma en línea para efectuar los pagos correspondientes y el reciente y exagerado incremento en el costo de este documento de identidad, son sólo algunas de las trabas.

Por otro lado, los mecanismos de control migratorio se han convertido en un obstáculo para el libre desplazamiento. No es suficiente tener los pasaportes o las visas correspondientes, es necesario pasar un nuevo filtro: la discrecionalidad de las autoridades para validar o no los documentos y permitir el ingreso o la salida del país

Esta discrecionalidad ha afectado a periodistas extranjeros que con su documentación en regla han venido a cubrir eventos de interés informativo, como los procesos electorales o las protestas ciudadanas que se han registrado en el país en los últimos años. Así lo ilustra la organización Reporteros Sin Fronteras que documentó más de 20 casos de periodistas extranjeros a quienes se les prohibió el ingreso o fueron expulsados del país al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía, entre agosto de 2016 y marzo de 2017.

La anulación de pasaportes ha sido otra práctica que se ha aplicado, para impedir la salida del país de al menos 40 periodistas venezolanos, quienes en su trabajo profesional han informado sobre la crítica situación social y económica que afecta al país. La medida se ha tomado bajo el argumento de que el documento de identidad fue anulado, por haber sido reportado como “robado” o “perdido”, o por supuestas “fallas del sistema”.

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La anulación de pasaportes a periodistas ha venido acompañada de retenciones, interrogatorios por parte de autoridades migratorias o cuerpos de inteligencia y prohibición de salida del país, lo que sin duda constituye un mecanismo de intimidación, cuyo fin último es limitar la libertad de expresión de los afectados.

Aunque aparenta ser un mecanismo de estricto control migratorio, al negar el acceso al país de periodistas extranjeros que cuentan con la documentación y acreditaciones necesarias, se impide que puedan ejercer el derecho humano a buscar y recibir información de interés público y el de difundirla a ciudadanos de Venezuela y el mundo, ávidos de información que les permita tomar decisiones, opinar y participar.

La anulación selectiva de pasaportes, por supuestos reportes de robo, pérdida y fallas de sistema, se convierte en una forma de aplicar el poder gubernamental, de forma abusiva, para generar temor y restringir el libre desplazamiento. En los casos en los que los afectados son periodistas, sirve además como un mecanismo de presión e intimidación que puede derivar en temor y autocensura

La pérdida de la democracia y la ausencia de un sistema de justicia imparcial, impide que se garantice verdad, justicia y reparación ante estas irregularidades. No obstante, estas limitaciones al libre desplazamiento y a las libertades informativas deben ser documentadas. Cuando retorne el hilo constitucional podrá abrirse un camino a la justicia y en contra de la impunidad, que creará precedentes favorables para el respeto a estos derechos.

Periodista, Profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco)  de la Universidad Central de Venezuela.