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Desacuerdos en el PSUV están violando lapsos para designación de magistrados del TSJ



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Asamblea Nacional. Sede Administrativa TSJ
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Víctor Amaya | @victoramaya | abril 5, 2022

El lapso legal para la designación de nuevos magistrados del TSJ se cumplió el 26 de marzo pasado, pero más de una semana después el parlamento controlado por el oficialismo sigue sin decidir quiénes portarán togas. El proceso avanzó acelerado hasta su etapa final, cuando la discusión dentro de la coalición gobernante ha dejado en veremos la recomposición del Poder Judicial


Del apuro solo queda el cansancio, y las peleas internas.

El proceso de selección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en la Asamblea Nacional que controla el oficialismo avanzó con rapidez hasta su última etapa, donde se estancó. El parlamento ha cambiado al menos ocho veces la convocatoria a la sesión ordinaria que el Legislativo debe realizar para designar a los nuevos 20 magistrados del Poder Judicial, además de sus suplentes, por mayoría calificada de dos tercios luego de entregada una lista final por parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

Algunos creyeron que el proceso estaría influenciado determinantemente por la posibilidad de retomar el diálogo y la negociación política entre el gobierno y la oposición que se realizaba en México, pero las razones son más internas del propio chavismo, según informan fuentes parlamentarias a TalCual. Afirman que simplemente, dentro del PSUV, no hay acuerdo sobre quiénes entran y quiénes no a ocupar las sillas de magistrados por los próximos 12 años.

El 22 de marzo, Jorge Rodríguez anunció que esa Asamblea Nacional evaluaría en cinco días el último listado de aspirantes, que ya había pasado por la depuración del Comité y del Poder Ciudadano y quedó en 271 nombres, no publicados. Daba cuenta así del lapso legal establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del TSJ.

La primera convocatoria a una sesión para las designaciones fue el 25 de marzo. Ese día el punto no fue discutido y, según el diputado de la bancada no psuvista José Gregorio Correa, al asunto «le falta conversa» para seleccionar a los mejores postulados. Pero desde el Palacio Federal Legislativo confirman a este medio que esa conversa ya no incluye a los opositores.

Cuentan los informantes que ya los factores ajenos al chavismo pusieron sus cartas sobre la mesa, y que el asunto está en manos del oficialismo. Y hay varias trabas: por una parte, la cantidad de magistrados que «les darían a la oposición» -el debate va entre uno y cinco repartidos en distintos sectores- y, por otra y más importante, el reparto entre factores de la coalición gobernante de los cargos dentro del TSJ.

Dos terremotos recientes han influido en tales retrasos. Por un lado, las declaraciones del diputado Pedro Carreño denunciando una mafia judicial con dos «magistradas» que no ostentan tales cargos pero controlan las decisiones del Máximo Tribunal aparentemente con el beneplácito de su actual presidente Maikel Moreno, cuestionado a lo interno del PSUV. Por el otro, el incidente en el concierto de Morat, donde una persona armada blandió su pistola en la multitud y quedó grabada en cámara para luego ser señalada de ser supuestamente escolta de la magistrada Indira Alfonzo, que hasta ese momento estaba en todas las quinielas para repetir en el cargo.

El retraso en la fase final contrasta con lo ocurrido antes. Más allá de que el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giusseppe Alessandrello, haya dicho que antes de abril ya se tendría nuevo TSJ, desde un primer momento «se le pisó la chola» al proceso.

El 23 de febrero pasado, el diputado José Gregorio Correa (AD-Bernabé), vicepresidente del Comité de Postulaciones, afirmó según una nota de prensa de la propia Asamblea Nacional que en tan solo dos días la instancia había entrevistado a los primeros 240 aspirantes a magistrados, lo cual conduciría a que los encuentros duraron apenas algunos minutos. El boletín cita al propio Correa indicando que «este miércoles entrevistaron a 130 venezolanos y venezolanas, sumados a los 110 del martes» de esa última semana de febrero. Por aquellos días, la ONG Acceso a la Justicia decía que el proceso avanzaba «a todo vapor».

El 15 de marzo el Poder Ciudadano recibió el listado para su evaluación. En seis días -teniendo un fin de semana de por medio- dio el visto bueno, remitiendo el listado final de nuevo al Parlamento.

Desde el 25 de marzo se arrastra la sesión final. Ha cambiado de día, y de horas dentro de un mismo día. Ha aparecido en orden del día para luego desaparecer sin mayor explicación. Ahora se habla de que será esta semana sí, entre miércoles y jueves, cuando se convoque a los diputados para alzar la señal de costumbre y escoger a quienes se vestirán de toga.

La designación de nuevos magistrados tiene lapsos legales y los del actual proceso están vencidos. El artículo 74 de la Ley Orgánica del TSJ establece que desde que el Poder Ciudadano hace su evaluación, el Comité de Postulaciones Judiciales debe presentar ante la Asamblea Nacional una preselección final «dentro de los cinco días continuos siguientes». El 21 de marzo comenzaron a contarse esos cinco días, que se vencieron el 26 de ese mes.

Pero el calendario llegó hasta el 5 de abril, y no hay noticias ni confirmaciones de para cuándo puede haber nuevos magistrados del TSJ, más allá de la discusión sobre la legalidad y pureza del proceso, que viene desde la evaluación de la primera lista de postulados, y las  posteriores demandas que se han intentado ante el Poder Judicial por los vicios jurídicos de la nueva normativa, una por parte de un abogado de Barinas y la otra por un magistrado emérito del propio Tribunal.

Cualquiera podría pensar que la designación de nuevos magistrados fuera de los lapsos legales sería causa de nulidad, si algún jurista intentara tal acción ante el TSJ actual. Pero los magistrados, que tienen interés en el asunto pues 38 magistrados en funciones, de 40 que hay entre principales y suplentes, están incluidos en la lista de aspirantes, hasta ahora han sido rápidos en negar cualquier demanda que pueda suspender el cambio en el Poder Judicial, aunque ni en este caso ni en este otro hayan publicado las razones para tales decisiones.

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