Empresas reducen o congelan sueldos por impacto de la cuarentena
La caída de los ingresos de las empresas, sobre todo de las que son obligadas a mantenerse cerradas por no ser consideradas «esenciales», y la imposibilidad de acceder a financiamiento bancario, han hecho que empresarios venezolanos tengan que meterse las manos en los bolsillos para seguir pagando a sus trabajadores
La cuarentena por el coronavirus lleva más de cuatro meses y aún el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado ni una medida de apoyo para asegurar la supervivencia de las empresas obligadas a mantener sus puertas cerradas, y que además permita que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones, entre ellas el pago de la nómina. Esto ha hecho que algunos comercios e industrias hayan tenido que reducir o congelar los salarios en bolívares de sus trabajadores, debido a los graves problemas de flujo de caja que han sufrido.
«Muchas compañías han reducido salarios mientras que otras han mantenido los sueldos en bolívares estancados, lo que a fin de cuentas es también una reducción porque la hiperinflación hace que ese poder de compra pierda valor», afirma Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria. «No hay manera de que las empresas se mantengan con un flujo de caja negativo. Hay empresas que han gastado en salarios más que todo lo que facturaron en el mes, incluyendo las que están en este proceso de 7+7 que no terminan de abrir ni de cerrar. Por eso muchos empresarios han puesto su dinero para mantener los puestos de trabajo».
Sin medidas de estímulo económico que eviten el cierre de más empresas y el aumento del desempleo es difícil que el sector industrial –que en los últimos 20 años se ha reducido 83% y que actualmente opera a 18% de su capacidad instalada– salga ileso de la pandemia. «Es complicado porque ya estábamos en una crisis económica antes del coronavirus. La covid-19 nos agarró después de siete años de caída del PIB y más de dos años en hiperinflación», recuerda Acevedo.
En el primer trimestre de 2020, cuando apenas arrancaba la lucha contra el coronavirus en el país, 60% del sector manufacturero venezolano preveía un cierre de sus puertas en menos de un año de no haber un cambio en el contexto económico, de acuerdo con la Encuesta de Coyuntura Industrial realizada por Conindustria. Ese porcentaje ha podido aumentar en los meses siguientes debido a la situación de desamparo en la que se encuentran las cerca de 2.145 industrias que quedan en el país.
Un 89% de los industriales considera insuficientes y deficientes las medidas económicas tomadas por el gobierno ante la emergencia de la covid-19, entre ellas el risible apoyo a pago de nóminas con depósitos en el carnet de la patria de los 400.000 bolívares de salario mínimo, ingreso muy por debajo de los más de 50 dólares que en promedio ha venido pagando la industria a sus colaboradores. Este rechazo a las medidas del Ejecutivo se refleja en la cifra de 62% de empresas que decidió no acogerse al subsidio de Maduro, tildado de «absolutamente decepcionante».
«Todos los gobiernos responsables del mundo han anunciado medidas para ayudar a oxigenar a su sector productivo, como diferimiento de impuestos, rebajas de aranceles y créditos. En Venezuela, por el contrario, las autoridades no tienen ningún interés real en la recuperación económica. El modelo económico actual lo máximo que puede ofrecer en una bolsa CLAP de mala calidad y escasa«, asegura el presidente de Conindustria, Adán Celis Michelena.
Las mayores preocupaciones del sector empresarial durante la pandemia han sido el flujo de caja, la salud de los trabajadores, la escasez de combustible, la viabilidad del negocio y la baja en las ventas, de acuerdo con una encuesta realizada por la firma PGA Group en junio de 2020 a 165 empresas que operan en Venezuela, de las cuales 70% son locales y 30% trasnacionales.
Según el estudio, 79% del sector privado no espera algún tipo de medidas de «reactivación económica» por parte del gobierno. Los sectores más optimistas al respecto son el de hotelería/turismo e industrial/manufactura. El sector más pesimista es el de consumo masivo (supermercados, farmacias y otros comercios que expenden productos de alta demanda).
«Sin duda alguna puedo afirmar que son momentos bien difíciles, bien complicados, y en medio de estas dificultades, principalmente económicas, que ponen en entredicho la duración y la existencia de las empresas en un escenario futuro, pues cabe todo tipo de arreglo. Siempre es recomendable que sea producto de una conversación entre empleadores y colaboradores», dice Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).
En el país 30% de los comercios está al borde de la quiebra, pues no pueden cumplir con sus costos y gastos, entre ellos el pago de nóminas, de acuerdo con una encuesta realizada por el gremio a 2.500 empresas. «Es definitivamente un problema en este momento el flujo de caja, es decir, la disponibilidad para hacerle frente a las obligaciones de costo, gasto, nómina. Una empresa que no puede trabajar, que no abre ni funciona, no puede garantizarse esos recursos».
Capozzolo advierte que se pueden empezar a ver fenómenos como la pérdida de empleo. «No se descarta que en algunos casos haya que reducir nómina en cuanto a salario pagado para buscar la supervivencia de la empresa y tratar de garantizar la mayor cantidad de empleos posibles».
«En este momento lo más importante es que sobrevivan las empresas, es lo que garantizará que los pocos empleos que quedan estén allí para poder iniciar de nuevo la actividad productiva cuando sea posible, cuando la normativa vigente lo permita».
La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) advierte que de no flexibilizarse la cuarentena se estaría poniendo en peligro cerca de 600.000 puestos de trabajo en 40.000 comercios de todo el país, sobre todo en estados como el Zulia, donde los centros comerciales no han podido abrir de forma continua desde que el gobierno de Maduro confirmó los primeros casos de coronavirus en marzo.
Comercios en Colinas de Bello Monte cerrados por la cuarentena impuesta por el gobierno debido al coronavirus. Foto: Carlos Seijas Meneses
Vanas promesas
Ante la crisis económica exacerbada por el coronavirus, Conindustria se reunió en mayo con la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya Lugo, a quien propusieron seis medidas que incluyen una reducción del encaje legal para tener acceso a créditos bancarios, suspender el pago de IVA semanal y regresar al pago mensual, suministro regular de combustible, y que no se renovara el decreto que exonera el pago de impuestos por importación a poco más de 3.000 categorías de productos, la mayoría de ellos terminados; medida que ha generado una competencia desleal con los productores locales.
La ministra de Comercio, por su parte, prometió a los representantes del sector manufacturero que anunciarían algunas medidas de apoyo en los 15 días después del encuentro. No cumplió.
«Prometieron que iban a tomar algunas medidas, como flexibilizar el tema de los impuestos, pero al final no hicieron absolutamente nada. De todas las peticiones que hemos hecho, ninguna ha sido escuchada hasta el momento (finales de julio)», afirma Acevedo.
El gobierno, por el contrario, ha mantenido la política restrictiva de encaje legal que limita el crédito bancario, exoneró hasta el 31 de diciembre de 2020 el pago de impuestos por importación a productos terminados, anunció el regreso del control de precios, obligó a comercios a no comprar productos de algunas empresas, no ha solucionado la escasez de combustible, ajustó la Unidad Tributaria (UT) un 2.900% al incrementarla de 50 a 1.500 bolívares, y ha creado nuevos impuestos municipales.
«El gobierno trabaja para que las empresas cierren. Hay una voracidad fiscal que atenta contra el sector privado. No solo no recibimos ayuda sino que hemos sido castigados con algunos impuestos adicionales. Nos han puesto nuevos tributos en alcaldías. Estamos en un país donde la crisis económica y la covid-19 nos mata, y el gobierno nos remata«, expresa el vicepresidente de Conindustria.
Ahogados en impuestos
El 19 de junio de 2020 entró en vigencia la ordenanza del municipio Vargas (estado Vargas) que crea el Impuesto sobre Actividades Económicas de Intercambio Comercial Internacional, que establece una alícuota o tarifa aplicable de 0,12% «por embarque al valor CIF y/o al valor FOB de cada Declaración Única de Aduanas (DUA), según el tipo de operación aduanera de la que sean objeto las mercancías o productos tramitados». Este impuesto lo tiene que pagar cualquier empresa, esté o no en Vargas.
En Carabobo, uno de los estados con mayor cantidad de industrias en Venezuela, el gobernador Rafael Lacava creó el Importe Tributario Estadal (ITE), con un valor de 1.500 bolívares, «como base de cálculo a los fines del pago por parte del contribuyente de los impuestos, tasas, contribuciones especiales, multas, sanciones, recargos, y demás especies fiscales pechadas en virtud del ejercicio de las competencias de esta entidad político territorial». Entró en vigor el 27 de julio de 2020.
«La voracidad fiscal nos ha comido durísimo», asegura Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar). «Nosotros pagamos 11, 12 y hasta 13 impuestos en promedio«, entre ellos el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), Impuesto Sobre Actividades Económicas (ISAE), el Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP), además de los impuestos municipales y estadales y los aportes a favor del Fondo Nacional del Deporte según la Lodafef, del Fondo Nacional Antidrogras (FONA), y para la ciencia, la tecnología y la innovación de acuerdo con lo establecido por la Locti.
«No es nada fácil ser empresario en Venezuela. Es un deporte extremo. No sabemos en qué momento nos cambian las políticas. En otros países, con lo de la pandemia, los gobiernos han dado apoyo a las empresas nacionales, han tenido apoyo en pago de impuestos, de pago a los trabajadores. Aquí nosotros no tenemos prácticamente ningún tipo de apoyo», agrega López.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Fundación para el Desarrollo Integral (Fundei) y expresidente de Conindustria, indica que para poder pagar impuestos se requiere del flujo de caja de una economía operacional. «Si las ventas y las cobranzas están detenidas, ¿de dónde se saca el dinero?», expresa Olalquiaga, quien sostiene que la pandemia del coronavirus agarra a Venezuela en una posición absolutamente frágil, con una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y descapitalización de las compañías.
«La decisión del gobierno de paralizar la economía desde marzo es extremadamente peligrosa para los trabajadores, porque si las compañías ya están descapitalizadas cómo hacen para pagar sus nóminas», añade.
Continuidad
Los sectores manufactura y comercio también han solicitado al Ejecutivo que permita que haya continuidad en las labores de las empresas y que no continúe aplicando la modalidad 7+7.
No han podido volver a abrir sus puertas principalmente aquellas empresas que están ubicadas en estados del país donde el gobierno ha aplicado una cuarentena radical por tener el mayor número de casos positivos de covid-19, que son Distrito Capital, Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, Vargas y Táchira, donde solo permite trabajar a los sectores alimentos, salud y servicios básicos.
El segundo nivel de flexibilización, «parcial y vigilada», es aplicado por el Ejecutivo en nueve entidades de Venezuela, entre ellas las que tienen un importante parque industrial como lo son Carabobo, Aragua, Anzoátegui y Falcón, donde solo pueden abrir sus puertas 11 sectores económicos.
Y por último está lo que se conoce como flexibilización ampliada que permite la reactivación de 24 sectores de la economía, entre ellos centros comerciales, registros y notarías, industria y comercialización de papelería y librerías, y fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos.
El gobierno hizo caso omiso a la propuesta hecha por Consecomercio de entrar a partir del 27 de julio en un proceso controlado de desescalada en el sector productivo, en el que se cumplan las medidas de protección contra el coronavirus, al considerar que el plan 7+7 aplicado desde el 5 de junio «no permite a los sectores económicos mantener la continuidad de sus actividades».
«Hay que plantearse un escenario donde podamos volver a trabajar entendiendo que esta es la nueva realidad y la clave son las medidas de bioseguridad. Insisto, si covid-19 es una realidad que vamos a tener con nosotros por lo menos hasta 2021, la clave está en seguir las medidas de bioseguridad que son principalmente el control de aforo, distanciamiento, uso de implementos de seguridad, la limpieza de superficies y el lavado de manos. Tenemos que aprender a vivir con esta realidad, y tendremos que hacer las reducciones y modificaciones necesarias para ello», agrega Capozzolo.
