Expertos independientes de la ONU: sanciones ponen en peligro a pacientes con cáncer
Los relatores hicieron especial énfasis en la Fundación Simón Bolívar, un programa perteneciente a la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, que se encargaba de financiar procedimientos para pacientes con cáncer
Un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denuncian que cientos de pacientes venezolanos con cáncer podrían morir debido a una «aplicación excesivamente estricta» de las sanciones de Estados Unidos dirigidas a Venezuela y a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
«La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar al extranjero para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían», dijeron los expertos en un comunicado.
Para muchos pacientes crónicos, la única solución posible es viajar al extranjero para recibir tratamiento.
Por este motivo, los expertos resaltan que el problema adquiere mayores dimensiones ya que países terceros, bancos y empresas privadas temen violar involuntariamente las medidas aplicadas por Estados Unidos, por lo que no se prestan para gestionar transferencias de dinero fuera de Venezuela.
«Algunos pacientes han quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento», acotan.
De acuerdo con el comunicado, la situación se ha puesto en conocimiento de Estados Unidos, así como de otros países y entidades que aplican estas sanciones, pero no han reculado ni flexibilizado las medidas.
En este sentido, los relatores hicieron un llamado a los países y entidades respectivos para que mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y reestablezcan los tratamientos de las personas en riesgo de muerte.
Recalcan que los países que aplican las sanciones deben asumir la responsabilidad por el efecto que sus medidas tienen «sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todas las personas del mundo».
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Fundación que trataba pacientes con cáncer
Los relatores hicieron especial énfasis en la Fundación Simón Bolívar, un programa perteneciente a la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, que se encargaba de financiar a pacientes con cáncer, especialmente niños, para viajar a recibir trasplantes y otros tratamientos.
Aseguran que, desde que Estados Unidos negó el control de Citgo a Pdvsa y se lo otorgó al gobierno interino de Juan Guaidó, el programa benéfico para pacientes con cáncer se vio interrumpido.
«Tener Pdvsa como objetivo ha sido una forma de controlar la agenda política de Venezuela que ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas que estaban en tratamiento por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero», insistieron los expertos independientes.
Según los datos que manejan, unos 190 pacientes con cáncer están en la lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero, mientras que 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020 a la espera de un tratamiento en el marco del programa de la Fundación Simón Bolívar.
No obstante, este argumento fue expuesto por el gobierno chavista a mediados de 2019, cuando familias de niños pacientes del Hospital J.M de los Ríos denunciaban que sus hijos seguían a la espera de trasplantes de médula ósea.
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El chavismo apuntó directamente a las sanciones estadounidenses y al despojo de Citgo, pero voceros de la oposición rechazaron esta tesis argumentando que las deudas son de antes de las sanciones contra Pdvsa.
«Las facturas indican que son deudas de 2018, cuando no había sanciones sobre Pdvsa. Muestra más bien que ustedes no pagaban a tiempo», afirmaba el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Por su parte, el exdirector del J.M de los Ríos Huníades Urbina confirmaba que la deuda con Italia se ha acumulado desde hace años, antes de que las sanciones de Estados Unidos afectaran a Pdvsa o a Citgo.
Estos argumentos no son abordados por el grupo de expertos independientes de la ONU, mientras que la organización internacional aclara que este grupo no forma parte de ella, sino que son expertos voluntarios independientes del sistema de derechos humanos de la ONU.
«Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual», recalca la ONU en su nota de prensa.