Gabriela Ramírez: Violaciones de DDHH comenzaron con el régimen de Nicolás Maduro

La exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez señaló que después de la muerte de Hugo Chávez la actuación de las fuerzas represivas del régimen, resultaron más abruptas y sorprendentes

La exdefensora del pueblo del gobierno de Hugo Chávez, Gabriela Ramírez, aseguró que las violaciones masivas de los derechos humanos en Venezuela comenzaron con el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista en la televisora colombiana NTN24, Ramírez aseguró que durante su gestión entregó un informe al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde manifestaba su preocupación sobre la participación de militares en casos de torturas durante las protestas de ese año.

“Después de mi salida se publicó una resolución que se inicia como un esfuerzo de regular la actuación de fuerzas militares en el control de manifestaciones, pero el remedio fue peor que la enfermedad“, aseguró Ramírez.

Es necesario recordar que Gabriela Ramírez ejerció funciones dentro del Poder Moral hasta mediados de 2014, cuando fue sustituida por Tarek William Saab, quien actualmente se desempeña como fiscal general de la República designado por la ilegítima asamblea constituyente.

En 2017 Ramírez renunció como asesora a la consultoría jurídica del Tribunal Supremo de Justicia al rechazar el llamado del gobierno de Nicolás Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente sin resultar una consulta popular previa.

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En su participación, la exfuncionaria chavista indicó que la actuación de las fuerzas represivas del régimen, resultaron más abruptas y sorprendentes después de la muerte de Hugo Chávez, al tiempo que agregó que durante el mandato de este no hubo detenciones individualizadas contra la oposición, reseñó El Nacional.

“Unas prácticas que nosotros observamos a partir del 12 de febrero de 2014 eran las detenciones masivas de personas. Si había una manifestación en una plaza, se llevaban detenidas hasta a 60 personas, y las metían en una instalación militar”, señaló.

Ramírez calificó de terrible La Tumba, un área de torturas ubicada en los sótanos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela. “No tiene luz solar y son celdas pequeñísimas. Son instalaciones de muy mala calidad porque tienen humedad y se desarrollaban enfermedades respiratorias en los presos”, agregó.

Indicó que  los cascazos, disparos intencionados a corta distancia de perdigones y asfixia en lugares cerrados con gases lacrimógenos son patrones que, según, no ocurrían en el país antes de Maduro.

El pasado 16 de septiembre, una Misión Internacional Independiente de Verificación de Hecho de la Organización de Naciones Unidas emitió un informe en el que se acusa al gobernante venezolano Nicolás Maduro, varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad del Estado de estar vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, vía comunicado.

De acuerdo con la información publicada en el documento de ONU, la misión independiente investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones exhaustivas dentro de un informe compuesto por 443 páginas.

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También estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó Valiñas.

De la misma manera, fueron investigados de manera profunda 16 casos de operativos realizados por las fuerzas de seguridad del Estado que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, así como también examinaron 2.552 casos donde los organismos de seguridad tuvieron la responsabilidad de 5.094 muertes.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro presentó un documento llamado «La Verdad de Venezuela contra la infamia» para desestimar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país.

Desde la sede del Ministerio Público, el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, y el canciller Jorge Arreaza dijo que «somos los responsables de investigar y sancionar cualquier forma de violación a los derechos humanos», y por ello su informe «es necesario e importante, porque dará para otra narrativas con base en la realidad. Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de derechos humanos».

Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, aseguró que el 85% de las fuentes reflejadas en el informe de «esta supuesta Misión son secundarias», y nombró los casos de Juan Requesens y Leopoldo López, pues las fuentes fueron «redes sociales y medios informativos digitales. No fueron capaces de pedirles información a la Oficina de la Alta Comisionada».

Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, dijo que a pesar de la pandemia han atendido más de 6.000 denuncias y realizado más de dos mil acciones de vigilancia para el respeto a los derechos humanos.