La infancia se hizo aún más vulnerable en medio de la crisis
Desnutrición, migración, deserción escolar y víctimas del sistema de salud. Este panorama ha marcado los meses de 2018 en la vida de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que en medio de la crisis social y económica se han vuelto una población aún más vulnerable
La escasez de alimentos ha reflejado su impacto a través del cuerpo de los niños venezolanos, quienes en promedio han perdido 11 kilos de peso según los índices de medición nutricional del país. La desnutrición ha sido señalada como uno de los principales problemas que enfrentan las familias, pero desde el Estado no hay políticas de atención al respecto. Las últimas cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Nutrición datan de 2009 y esos datos, con casi diez años de retraso, ubicaban la desnutrición aguda en niños menores de 5 años en 3,2% de la población.
Pero lo que reflejan otras instituciones como lo que señala el informe trimestral de Cáritas, realizado en agosto de 2017, indicaba que 15,5% de los niños de las comunidades evaluadas tenía algún nivel de desnutrición aguda, lo que ya mostraba un incremento en relación al trimestre anterior que marcaba 11%.
En lo que va de 2018 los números aumentaron, lo que se traduce en más niños, niñas y adolescentes perdiendo peso y talla en una nueva familia. En la presentación de los resultados preliminares de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2018, la investigadora Anitza Freitez informó que la cantidad de hogares que se encuentran en situación de pobreza porque no pueden cubrir sus necesidades básicas aumentó a 48%, lo que está directamente relacionado con los problemas de servicios públicos como la falta de agua, transporte y comida, lo que las familias señalan reiteradamente como causas para que los niños falten a la escuela.
Los cuadros de desnutrición se convierten en una condición más amenazante para niños, niñas y adolescentes que sufren condiciones de salud. Las cifras muestran que entre 2017 y 2018 fallecieron 12 niños y adolescentes que se dializaban en el Hospital Infantil J.M. de los Ríos, debido a una infección bacteriana en los tanques de agua y filtros de las unidades. Apenas en un año el número de muertes infantiles en este hospital aumentó de 79 a 160 y las tres primeras causas fueron el shock séptico, la neumonía y la desnutrición.
En apenas dos meses -entre diciembre de 2017 y febrero de 2018- murieron 112 recién nacidos en la Maternidad Santa Ana de Caracas también a causa de una infección intrahospitalaria asociada a una bacteria.
Diferentes organizaciones no gubernamentales solicitaron medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado venezolano garantizara el derecho a la salud a los pacientes del servicio de Nefrología en el J.M de los Ríos. Pero hasta la fecha 19 pacientes del servicio han muerto desde 2017 y aún no se ha materializado ninguna medida.
El acceso a la justicia tampoco ha sido una buena noticia para la infancia. Según una evaluación de cómo ha estado funcionando el Sistema de Protección en 2018 realizada por Cecodap, se evidenció que solo 32% de los Consejos de Protección de NNA están funcionando y que el Estado ha delegado por omisión el desarrollo de programas de atención a la infancia porque 68% de los programas dependen de iniciativas privadas.
Con base a las entrevistas realizadas durante esta investigación a 50 personas, ocho responsables de órganos administrativos, 20 responsables de programas de atención y 22 usuarios de esos programas, el diagnóstico mostró que los Sistemas Municipales de Protección se encuentran en “cierre técnico” por falta de profesionales, especialmente a causa de la migración.
El fenómeno migratorio que se ha acentuado durante 2018 tiene dentro de sus principales afectados a la infancia, en especial en lo que la organización Cecodap ha denominado «niñez dejada atrás». Abel Saraiba, coordinador del Programa Creciendo sin violencia de Cecodap, explica que cada vez es más frecuente que los padres o cuidadores dejen a sus niños con abuelos, amigos o conocidos porque se van a otros países con la promesa de que la familia se reunificará más adelante. Pero esta situación genera en los niños y adolescentes una profunda incertidumbre y angustia, que en muchos casos se convierte en abandono y se traduce en un aumento de niños y adolescentes en situación de calle.
La cantidad de niños en situación de calle es otro subregistro que desapareció de la vocería oficial. Los niños se hicieron invisibles para las instituciones gubernamentales a pesar de la célebre promesa que hizo Hugo Chávez cuando ganó las elecciones presidenciales el 6 de diciembre de 1998: “Declaro que no permitiré que en Venezuela haya un solo niño de la calle; si no, dejo de llamarme Hugo Chávez Frías”.
En 2018, el incremento de niños y adolescentes en situación de calle superó las capacidades de atención de organizaciones privadas y del mismo Idena (Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), ente rector del Estado en este tema.
Un estudio realizado por Cecodap hasta noviembre de 2018 señaló que los Consejos de Protección municipales, nada más del Área Metropolitana de Caracas, han contabilizado un aproximado de 500 niños que viven y merodean por las riberas del río Guaire, solo en los límites del municipio Baruta.
En El Hatillo registraron 174 fichas de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en los límites del municipio Chacao la cuenta registró 44 niños pero los consejeros advierten que las características de estos grupos es que son nómadas y se mueven de un municipio a otro, lo que significa que el número puede aumentar según el momento en el que se haga el registro.
Ni el municipio Sucre ni Libertador, ambas entidades bajo administración oficialista, ofrecieron datos de este registro y tampoco informaron si alguna instancia lo ha realizado.
