Más de 12.000 maestros no irán a clases a menos que tengan un salario digno
La líder sindical de los profesores, Gricelda Sánchez, también repudió la posibilidad de reiniciar clases semipresenciales en octubre
La secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Gricelda Sánchez, indicó que más de 12.000 maestros en el país se niegan a regresar a clases, luego que la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela (FetraMagisterio) realizara una consulta a 13.692 docentes. Es decir, que el 89% de esa cifra no quiere volver a las aulas si no hay un reajuste salarial acorde a la hiperinflación que afecta al país.
Para Sánchez, «no hay posibilidad del regreso a clases» porque con lo que los maestros devengan mensualmente no se corresponde con la exigencia que tiene la profesión para con el país. Dijo que la crisis por la que atraviesa el sector que se ha evidenciado en casos de suicidios porque el sueldo no les alcanza para poder vivir dignamente.
Rechazó las palabras del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, quien dijo hace días que el proyecto «Cada Familia una Escuela» -referido a la asesoría de los representantes para la instrucción de sus hijos- era exitoso. En ese sentido, destacó que se están organizando para evitar que los alumnos que no tengan los conocimientos necesarios para pasar al siguiente nivel no sean promovidos de grado y «por eso no avalamos esta locura propuesta por el Nicolás Maduro de querer pretender clases semipresenciales en el mes de octubre», refirió El Informador.
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De igual modo, dirigentes sindicales advirtieron que a pesar de la cuarentena y de no recibir respuesta del Ministerio de Educación iniciarán jornadas de protesta.
El 21 de agosto, durante una conversación con el ministro de Educación Superior, César Trompiz, Nicolás Maduro anunció que estudiarán la posibilidad de que en octubre, en tan solo dos meses, se vuelva presencial pero parcialmente a las aulas, tanto en colegios, liceos y universidades.
El mandatario explicó que esa propuesta podría ir de la mano con el esquema del 7+7, es decir, durante la semana de flexibilización todos los estudiantes irían a los planteles educativos a recibir clases y tener apoyo pedagógico docente, y en los próximos siete días, en cumplimiento con el «regreso» a la cuarentena radical, se quedaban en sus casas viendo clases online. Es por ello que llamó a esta nueva metodología «multimodal».
Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la situación que atraviesa el país y considera que el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro no ha logrado resultados positivos en luchar contra flagelos como la desnutrición y el desempleo, así como su incapacidad de atraer inversionistas al país por producir los peores indicadores económicos y sociales de América Latina.
La hiperinflación ha afectado el poder adquisitivo de los docentes -reitera la FVM- al recordar que el salario de un docente, incluido el bono de alimentación, es de aproximadamente 10 dólares al mes cuando según los indicadores del Banco Mundial, toda persona que devengue un salario menor a 1,9 dólares diarios se considerará que viven en pobreza extrema.
Respecto a la educación en el país, señalaron que, en cuánto a los alumnos, solo 10% reporta tener una conexión estable; 67% no dispone de recursos materiales para el trabajo en casa y 94% de los docentes opina que la mayoría no tiene buen servicio de electricidad ni capacitación digital para cumplir con la instrucción del programa “Cada familia una escuela“, escribió El Pitazo.
La FVM anunció el martes 11 de agosto a través de su cuenta en Twitter que los agremiados a ese organismo no regresarán a las actividades escolares al inicio del nuevo periodo escolar de ninguna forma al considerar que no existen condiciones para hacerlo.
«Los maestros no se incorporarán en septiembre, ni presencialmente, ni vía online. En Venezuela no existen condiciones favorables para reactivar el sistema educativo, mucho menos cuando el docente no ha sido reivindicado salarial y socialmente», escribió la FVM.
TSJ exige al Colegio Inmaculada Concepción que dé clases
Durante el fin de semana, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró con lugar un amparo constitucional interpuesto por los ciudadanos Yuly Sojo, María Filomena Gomes Da Silva, Antonio W. Medina y María Alejandra Herazo, representantes de sus hijos, contra los ciudadanos Teresita Glassman de Fuente y José Antonio Fuente Glassman, propietarios y directivos de la Unidad Educativa Privada Colegio Inmaculada Concepción y les ordenaron que se siguiera dando clases en esa institución hasta que termine el año escolar 2020 – 2021.
También se estipula en el fallo que los representantes y los padres deberán cancelar la matrícula vigente de BsS 600.000, convenida en asamblea de padres y representantes celebrada en noviembre de 2019.
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En ese sentido, ordenó a las autoridades de la institución convocar a una asamblea para considerar y aprobar el aumento de la inscripción y la matrícula de los alumnos, previo al análisis de la estructura de costos, un procedimiento que será monitoreado por el Ministerio de Educación.
Esta acción viene luego de la denuncia recibida por parte de algunos representantes que alrededor de 416 niños del plantel «fueron dejados sin derecho a la educación» por parte de los dueños, quienes decidieron «el cierre abrupto, ilegal y unilateral» de la institución según una denuncia publicada en Últimas Noticias a mediados de julio.
