#NocheD | La desconfianza y el sapeo en la Venezuela postelectoral
Para la socióloga e investigadora nicaragüense Elvira Cuadra, Venezuela y Nicaragua han enfrentado escenarios pre y post-electorales similares en muchos casos, aunque con algunas diferencias notables
La tensión en Venezuela sigue en aumento tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Hasta la fecha, la ONG Foro Penal ha documentado 2.400 detenciones y más de 20 personas fallecidas tras las manifestaciones para rechazar los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al no considerarse confiables.
Esto, sumado a la restricción del espacio público y la formulación de leyes que limitan la actuación de las organizaciones y la sociedad civil, presenta cada vez más similitudes con Nicaragua después de las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega. En la NocheD de este martes 20 de agosto, la socióloga e investigadora nicaragüense Elvira Cuadra narra su experiencia y el resultado de sus investigaciones sobre estos hechos.
Incremento de vigilancia
“En 2007, cuando Ortega regresó a la presidencia, comenzó a instalar una serie de dispositivos de vigilancia sobre la ciudadanía, usando mecanismos como organizaciones pro gobierno y luego involucraron a instituciones públicas como la policía y el ejército. En 2018, cuando surgió un multitudinario estallido social con gran cantidad de protestas y marchas en todo el país, ese mecanismo de control comenzó a funcionar a toda su capacidad”, relató Cuadra.
Estos hechos fueron definidos por ella misma como una “institucionalización del estado policial», donde la presidencia tomó las fuerzas de seguridad en contra de la ciudadanía. “En Nicaragua es imposible realizar una protesta, es imposible que alguien salga a la calle con una bandera porque eso es visto por el régimen como una amenaza para ellos y las personas son inmediatamente detenidas”, aseveró.
“La gente tiene mucho miedo de hablar. En Nicaragua no hay medios de comunicación independientes, todos fueron cancelados y expulsados y los pocos que quedan lo que hacen es reproducir las noticias que divulga el gobierno. La gente no quiere expresarse de ninguna manera con respecto al alza de precios, la calidad de la educación, el desempleo y la inflación, todos son temas muy vigilados”, dijo sobre el nivel de censura que se extiende tanto a los canales informativos como hacia ciudadanos.
Añadiendo que esta vigilancia se extiende a las redes sociales y a las reuniones. “Hay vigilancia digital. La gente usualmente no acostumbra compartir dentro del país cierto tipo de información en redes sociales, porque en cualquier momento la policía, que está constantemente en las calles, te puede detener de manera aleatoria”.
Casas marcadas
Otro de los mecanismos utilizados para el control gubernamental consistía en la identificación y encarcelación de todos aquellos que se identificaran en contra del movimiento de Ortega, incluso si eso significaba ficharlos “marcando sus casas”.
“Lo que hacían era que levantaban listas de vecinos y personas que consideraban opositoras, llegaban a las casas y las marcaban con la palabra “plomo”. Varias personas a quienes les mancharon sus casas y luego fueron detenidas” dijo la investigadora.
Consecuencias en el tejido social
Todas estas acciones represivas tuvieron consecuencias en la sociedad, ahora rota y fraccionada por el temor a represalias. “Se ha incrementado significativamente el nivel de desconfianza interpersonal y el nivel de desconfianza colectiva. Eso hace que la gente se cuide mucho de expresar su opinión, incluso en grupos familiares. Les ha tocado de alguna manera construir una fachada en la que son personas aparentemente que no tienen opinión con respecto a lo que está pasando en el país para proteger su integridad física y para poder realizar acciones de resistencia”. comentó Cuadra.
Andamiaje jurídico,
“A finales de 2020, el régimen de Ortega, que tiene control total del parlamento, comenzó a publicar una serie de leyes que fueron construyendo todo un marco jurídico que justifica tanto la represión como el control y vigilancia ciudadana. Además de concentrar fuertemente una serie de funciones bajo la presidencia” para justificar el control totalitario del accionar de las organizaciones en el país, según comentó la también socióloga.
Desterrados
“Yo soy una de la lista de 94 personas a las que nos despojaron de nuestra nacionalidad, de nuestros derechos ciudadanos, bienes y propiedades. Nos despojaron de nuestros derechos políticos a perpetuidad, somos prófugos de la justicia” comentó Cuadra sobre su salida del país, el 15 de febrero de 2023.
Algo que no solo sucedió con personas fuera del país a quienes no se les permitió entrar al territorio, sino también a los presos políticos. “Quedas en una situación de vulnerabilidad porque quedas como un apátrida, no hay ningún Estado que te proteja y no tienes documentos que valgan para ninguna clase de trámite” comentó sobre su situación personal.
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