AN de Maduro terminó 2021 con diez de sus leyes «prioritarias» fuera de la Gaceta Oficial
De las 35 leyes calificadas como «prioritarias» al inicio de 2021, solo 25 tienen el «ejecútese». Este 5 de enero se instaló el segundo período legislativo de la cuestionada AN electa en diciembre del 2020; de los 277 diputados, apenas 20 se autodefinen como opositores al gobierno de Maduro, pero dieron sus votos en buena parte de los casos para alcanzar la unanimidad
Al término de su primer año legislativo, el Parlamento con mayoría calificada chavista se ufanó de haber sancionado 38 leyes, aprobar otras 16 en primera discusión y una en segunda; así como haber despachado 81 acuerdos sobre diferentes temas. Quedaron en cuenta 26 proyectos para 2022.
La AN había iniciado el año legislativo anterior con 35 leyes «prioritarias» para el país. Sin embargo, desde marzo de 2021 hasta el presente, pese a haber sido sancionadas en la AN, solo han sido publicadas en Gaceta Oficial 25 leyes, entre ellas la Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, la Ley Orgánica de Reforma del Código Procesal Penal y la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública.
El Parlamento, dirigido por Jorge Rodríguez, Iris Varela y Didalco Bolívar durante el primer año, también pasó el 2021 dando largas a algunos instrumentos que, en principio, tuvieron «urgencia parlamentaria».
Este miércoles 6 de enero, en la instalación del segundo período, la AN madurista ratificó como presidente y primera vicepresidenta a Jorge Rodríguez e Iris Varela, pero Bolívar fue sustituido en la segunda vicepresidencia por la diputada Vanessa Montero, del Movimiento Somos Venezuela, promovido también por el madurismo.
Si algo caracterizó la gestión el año pasado fue la velocidad en la consideración de las leyes que sí convienen a los planes de Miraflores, como el acuerdo con Rusia para el uso del espacio ultraterrestre o la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos. En algunos casos, la sanción se cumplió sin que hubieran transcurrido ni siquiera 24 horas entre la primera discusión y su sanción definitiva.
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La bancada de oposición, en buena parte de las materias dio sus votos favorables para despachar los trámites por unanimidad, no obstante que a veces se quejaron públicamente de que no estaban al tanto de lo que los textos considerados contenían o, en otros casos, cuando sí pudieron verlos, sus aportes no fueron tenidos en cuenta. También esta oposición se sumó a la retórica oficial en la denuncia del bloqueo económico, la crítica a la solicitud de sanciones y la injerencia por parte de potencias extranjeras con la anuencia de Juan Guaidó.
El chavismo cayapeó a los pocos diputados que se atrevieron a acusarán al gobierno de Maduro de fallas. Al osado que hablara mucho se le quitó el derecho de palabra por estar «fuera del orden». Ese fue el caso sobre los hechos violentos ocurridos en La Vega, cuyo tema fue discutido a destiempo y, además, sirvió para caldear los ánimos de ambos bandos.
Aunque este no fue el común denominador de las sesiones del 2021. En las intervenciones de los diputados de la oposición en la actual AN, se han escuchado las acusaciones de propiciar un bloqueo contra el país, solicitar sanciones, y facilitar la injerencia por parte de potencias extranjeras, esgrimidos en contra de la parte de la oposición que logró la mayoría en las elecciones de 2015.
Apéndice de Maduro
El Parlamento oficialista, lejos de parecer un poder independiente, sirvió a la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro, quien frecuentemente gira instrucciones al Legislativo en sus intervenciones públicas. La más reciente la dio a escasas horas de instalarse la nueva directiva de 2022.
Nicolás Maduro, ordenó a sus diputados investigar a la AN electa en 2015, que da sustento al gobierno interino de Juan Guaidó, quien todavía es reconocido por varios países como representante del Ejecutivo.
«La Asamblea Nacional tiene que plantarse firmemente y pedirle justicia a los poderes públicos. Pido a todos los diputados destapar la olla podrida del madrugonazo que se dieron los opositores repartiéndose el botín que le han robado a las cuentas bancarias del país. ¡Es justo y necesario! Este madrugonazo significó una puñalada al pueblo venezolano”, dijo Maduro la noche del martes 4 de enero.
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Financiamiento amplio y DDHH
La AN oficialista aprobó en segunda discusión en noviembre la Ley Especial de Endeudamiento Complementario para el Ejercicio Económico Financiero de 2021 que amplía la capacidad de endeudamiento del Gobierno con el argumento de que el tipo de cambio varió «producto de los efectos causados por las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre la economía nacional».
La AN madurista también intentó lavar la cara al gobierno por violaciones a los derechos humanos. Así aprobó el proyecto de Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública, que se discutió poco después de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) acusara la «inacción de las autoridades» venezolanas para investigar y sancionar a «los responsables de los crímenes de lesa humanidad».
El proyecto de ley fue aprobado sin mayores objeciones, salvo algunas puntuales por parte de los que se identifican como opositores.
La Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de los Adultos Mayores sufrió dilaciones. Fue discutida por primera vez el 16 de marzo y sancionada seis meses.
Volteando la mirada
En el primer período de sesiones que terminó en julio, la AN aprobó tres leyes, la Derogatoria de la Ley de la Regularización de los Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales; la Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil y la de Reforma Parcial a la Ley Orgánica de Recreación, todas con los votos de la fracción «opositora», además de 40 acuerdos a los que la bancada que se atribuye el rol opositor ha brindado su respaldo. El 6 de julio se anularon los actos legislativos del período parlamentario anterior. Para esta fecha también se había nombrado al CNE, paso que abriría la puerta a las megaelecciones del 21 de noviembre.
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En otras ocasiones la bancada opositora se ha abstenido de votar, como en la aprobación del proyecto de Ley de Ciudades Comunales y en el del Parlamento Comunal, así como, más recientemente, en el acuerdo de rechazo a la extradición del empresario colombiano-venezolano Álex Saab desde Cabo Verde a EE. UU.
El último movimiento hecho por el Parlamento fue el de la aprobación en primera discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, reforma presentada por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. En la exposición de motivos, explicó que se ha hecho necesaria la «revisión exhaustiva y profunda de todo el estamento jurídico del país», sobre todo los relacionados a la administración de justicia con el fin de que sea justa, oportuna y equitativa para la ciudadanía.
Se propuso la reducción de los magistrados de las salas «para un mejor manejo» de las mismas y disminuir el total actual, que se sitúa en 32 letrados, para también poder brindar mayor autonomía de acción y «fortalecer la eficiencia y eficacia en la administración de justicia».
Además, se solicitó la designación de nuevos magistrados y sus suplentes ante la Asamblea Nacional mediante un mecanismo que se establezca, al tiempo que se pidió el nombramiento de un comité de postulaciones que cuente con diputados y personas de la sociedad civil entre 10 y 15 ciudadanos. En ese sentido, recordó que para otros procedimientos se aplica la «omisión legislativa» pero dijo que en este caso no era lo correcto porque sería para el Poder Judicial «pagarse y dar el vuelto».
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