Con el chavismo en el banquillo de acusados de la OIT, expertos prevén mejoras laborales
Sobre la administración de Nicolás Maduro se posan miras desde distintos frentes internacionales, mientras que la sostenibilidad política del proyecto chavista a largo plazo podría depender de una mejora en las relaciones con organismos como la OIT, la CPI o el FMI; lo que abre un marco de oportunidades para aplicar cambios en las políticas del oficialismo, como esperan tanto sindicatos como gremios de empleadores en el diálogo social en materia laboral que inició en abril
La necesidad del chavismo de limpiar su imagen ante organismos multilaterales abre las puertas a la posibilidad de materializar cambios concretos en las políticas gubernamentales que han arrastrado al país a su crisis multisectorial en los últimos 20 años.
Los últimos tres años de administración chavista se han caracterizado por su disminución de poder y, con ella, su pérdida de peso como Estado intervencionista en el plano económico.
El oficialismo pasó de ser un imponente regulador y controlador en todos los aspectos de la economía nacional a tener un rol más pasivo mientras deja que otros actores tomen el protagonismo para recuperar el deterioro causado por las políticas del chavismo.
Las sanciones de Estados Unidos, la hiperinflación y la reducción de la producción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) propiciaron esta debilidad inusitada en el chavismo. En consecuencia, ahora necesita dejar de recibir zarpazos de la comunidad internacional para intentar resurgir.
Con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios del chavismo en curso, Maduro y sus acólitos han tenido que bajar la cabeza y complacer al organismo en sus exigencias, hasta el punto en que el oficialismo tuvo que dejar su hermetismo de lado y acordar la instalación de una oficina de la CPI en el país.
Lejos quedaron los tiempos en los que Hugo Chávez y Nicolás Maduro se permitían retirarse de organismos, desconocer convenciones y expulsar funcionarios de entes multilaterales. Ahora el oficialismo opta por bajar la cabeza y obedecer. Claro está, a medias, lo suficiente para convencer a las autoridades de no aplicar más presión contra su Gobierno, o al menos dilatar las represalias.
En este contexto, la presión que ejerce la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el oficialismo es un peso más a la carga que ya lastra consigo con informes de la CPI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.
Por estos motivos, la presencia de una comisión de alto nivel de la OIT entre el pasado lunes 25 y jueves 28 de abril dio una luz de esperanza a la lucha sindical.
Con la presión que ha ejercido el ente desde 2019, cuando una Comisión de Encuesta del organismo publicó un informe denotando las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y el incumplimiento de convenios firmados por Venezuela, en los últimos meses el oficialismo se vio en la obligación de finalmente reconocer que el Estado no cumple con sus compromisos en materia laboral.
Como parte de este reconocimiento, aceptaron también que la OIT supervise y asesore a las partes para retomar corregir las faltas actuales, con lo que inició un diálogo social que, por primera vez en al menos una década, incluye a los tres actores del sistema laboral: organizaciones sindicales, organizaciones de empleadores y Estado.
El regreso del tripartismo en el diálogo laboral de Venezuela con el seguimiento y la asesoría de la OIT ofrece un panorama de expectativas positivas. Frente al contexto del último lustro, en el cual todo intento de diálogo con el Gobierno era completamente ignorado, esta oportunidad se recibe con los brazos abiertos.
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A pesar de los avances, algunos representantes sindicales expresan su preocupación de cara a los resultados de este diálogo. Parece difícil ignorar la huella del autoritarismo que ha antagonizado tanto la lucha sindical como la economía venezolana en la última década. No obstante, el contexto da suficientes razones para pensar en un resultado positivo esta vez.
Una negociación distinta
La narrativa política del chavismo incluye ufanarse de la apertura al diálogo social con todos los sectores. Así como invita a la oposición a sentarse a hablar para luego abandonar las mesas de negociación tan pronto como tienen oportunidad, también ocurre con el sector laboral.
El autodenominado «presidente obrero», que en cada discurso asegura estar de lado de los trabajadores venezolanos, acabó usurpando la legitimidad de los sindicatos, destruyendo el salario, irrespetando las convenciones colectivas y vulnerando la gran mayoría de los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt); todo mientras «dialoga» con sindicatos adeptos al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e ignora las demandas ajenas a esta burbuja partidista.
Por este motivo, las expectativas de diálogo son difusas para algunos. El cuestionamiento es sobre una negociación sincera, con actores representativos de los tres sectores y que pueda llegar a buen término.
Pero más allá del pesimismo de algunos actores, hay esperanzas de cara a este nuevo proceso. Las condiciones asoman un contexto distinto que puede dar pie a que se alcancen acuerdos fructíferos para el sector laboral por primera vez en años.
De acuerdo con la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis), Jacqueline Richter, la presión que el Gobierno siente en el espectro internacional le obliga a tomar en cuenta seriamente las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT e intentar alcanzar acuerdos en este diálogo.
«El simple hecho de que el Gobierno, después de dos años, aceptara que viniera una misión de alto nivel de la OIT para supervisar la creación de las mesas de diálogo es una gran noticia», argumentó.
De acuerdo con la especialista en derecho laboral, el Gobierno «está sentado en demasiados banquillos de acusados» en el plano internacional y prefiere ponerse al corriente con estos organismos con fines políticos.
Si acata las recomendaciones de la OIT no es por un deseo genuino de cambio sino porque interpretan que una menor presión les permitirá una mayor estabilidad en el poder en el largo plazo. Pero son estas intenciones las que ofrecen cierta garantía de cumplimiento.
«Este es un gobierno dictatorial que solo retrocede cuando se ve obligado. Dado que la oposición ha desaparecido, ahora tienen sus propias disputas internas. Hay quienes creen que su supervivencia como instancia política implica un mínimo de acuerdo con sus opositores, y parte de la resolución es alcanzar acuerdos en las áreas más elementales», destacó.
Jacqueline Richter opina que los cambios pueden darse como una estrategia de un Gobierno que necesita estabilidad para aferrarse en el poder
En este sentido, una forma de alcanzar esa estabilidad política es desmontar el esquema de persecución sistematizada contra la disidencia, la protesta social y en particular la sindical. Liberar a los trabajadores detenidos y otros presos políticos da soporte a la narrativa de que el Gobierno tiene tribunales independientes.
Richter sostiene que es por este motivo que el pasado 26 de abril fueron excarcelados con medidas cautelares el dirigente sindical Eudis Girot tras más de un año de encierro, y el extrabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, quien se mantenía tras las rejas desde hace una década.
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Aunque estas decisiones no se tomen con una motivación sincera de reconocer los errores y ejercer justicia, son signos de que el Gobierno quiere implementar cambios para complacer a la CPI y a la OIT.
Según Richter, otro elemento que permite prever estos cambios es la línea discursiva de los sindicatos alineados con el chavismo, como la Central Bolivariana de Trabajadores (CBT). Esta organización cambió su postura recientemente y solicita que el Consejo Nacional Electoral (CNE) deje de injerir en las elecciones sindicales.
«Va a haber cambios, porque incluso hay conductas llamativas en la Central Bolivariana, cuyos dirigentes dijeron que estaban de acuerdo con que el CNE saliera de los procesos electorales, que acabe la mora electoral y que liberen a los presos sindicales», acotó.
Desde el seno de las conversaciones en la OIT, las expectativas también son positivas. El expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo de Administración de la OIT en representación de los empleadores venezolanos, Jorge Roig, expresó a TalCual que vio suficientes indicios en la postura del Gobierno como para pensar en intenciones serias de alcanzar acuerdos.
«Creo que en este momento el Gobierno ha demostrado tener interés en cumplir con los acuerdos, no solo por el ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, que ha mostrado más apertura, sino por la participación del Alto Gobierno. Parece haber un compromiso de cumplir con los acuerdos que podamos alcanzar en este diálogo», sostuvo.
La participación del Gobierno en esta ronda de conversaciones dejó en evidencia su intención de participar en el proceso, lo que se diferencia de otras ocasiones en las que han hablado de diálogo
Como síntomas positivos de un diálogo fructífero, Roig destacó que el Gobierno invitó a todos los sindicatos legítimos representativos, además de las principales confederaciones de trabajadores, como Fedecámaras y Fedeindustria.
«Se está dando el primer paso. De allí a que esos acuerdos se puedan corresponder y seguir, es el deber histórico que tenemos quienes participamos en esa mesa y, sobre todo, una responsabilidad importante para la OIT que tiene el compromiso de dar seguimiento al proceso», razonó.
Esperando compromisos
Una década de violaciones contemplan un margen amplio de tiempo para cometer infracciones de todo tipo. Perseguidos sindicales, trabajadores presos, sindicatos secuestrados, convenciones colectivas quebrantadas, salarios destruidos y beneficios eliminados son solo algunos de los elementos a considerar.
El informe de la Comisión de Encuesta engloba todas estas situaciones en tres convenios ratificados por Venezuela que están siendo incumplidos y, en sus recomendaciones, insta al Gobierno a respetarlos. Son los siguientes:
- Convenio 26: Relativo a los métodos para la fijación de salarios mínimos. Ordena establecer mecanismos para la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores en donde no exista un mecanismo eficaz para hacerlo o donde los salarios sean «excepcionalmente bajos»
- Convenio 87: Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Indica que las organizaciones sindicales pueden elegir libremente a sus representantes y que «las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal».
- Convenio 144: Relacionado con la consulta tripartita. Dicta que deben implementarse procedimientos que aseguren consultas efectivas entre representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores para discutir temas como el incumplimiento de los convenios y recomendaciones de la OIT.
El gobierno chavista ha evadido el cumplimiento de estos convenios durante al menos siete años, momento en el que Fedecámaras presentó la queja ante el Consejo de Administración de la OIT. Ahora que la oportunidad para corregir la situación se presenta, las dudas recaen en que la administración de Maduro concrete algún compromiso.
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La supervisión y el seguimiento de la OIT serán fundamentales como elementos de presión para que el diálogo culmine con acuerdos y estos sean respetados por las autoridades.
Los detalles sobre la supervisión y seguimiento pretendían dirimirse con la visita de la comisión de la OIT la semana pasada. La exigencia de las organizaciones sindicales era la permanencia de los funcionarios para tener contacto directo con el diálogo, pero esta solicitud no fue concedida. En su lugar, se dará seguimiento al proceso desde la sede de la organización en Lima, Perú.
Otro desliz en el proceso se dio con la propia naturaleza de las negociaciones. De acuerdo con la explicación ofrecida por Roig cuando culminaron las jornadas supervisadas por la OIT, el Gobierno rechazó la celebración de un «diálogo tripartito» tal y como se conoce. El proceso, entonces, adoptó el nombre de «Foro de Diálogo Social» y consistió principalmente en reuniones bipartitas con el Ministerio del Trabajo.
A pesar de estos obstáculos, las expectativas se mantienen en un tono positivo. En un intento por limpiar su imagen, el Gobierno puede acceder a distintos puntos solicitados en el diálogo. Richter resalta que el chavismo preferirá evitar la creación de un expediente en el Comité de Libertad Sindical, ya que estas violaciones pueden engrosar las pruebas que toma en cuenta la CPI.
«Tener un expediente en el Comité de Libertad Sindical, en el cual se muestre un patrón sistemático de represión a la dirigencia sindical, puede ayudar al expediente penal. Muestra el patrón estatal de persecución, que es lo que a la CPI le interesa. El Gobierno intentará quitar pedazos de su expediente», afirmó.
Este puede que sea el rol más significativo de la OIT, ya que realmente no puede utilizar mecanismos sancionatorios que perjudiquen directamente a los Gobiernos que no cumplan con los convenios. El máximo castigo a disposición del organismo es la expulsión, que solo se aplicó una vez en la historia y no se prevé en el caso de Venezuela.
«La OIT no puede sancionar, como sí puede hacerlo la CPI. La sanción máxima de la OIT es la expulsión del país, pero no ocurrió ni siquiera con Sudáfrica. Lo que va a ocurrir es que van a seguir emitiéndose informes de la OIT. Al Gobierno siempre le molesta eso», sostuvo Richter.
Entretanto, Roig, como representante del sector empleador de Venezuela ante el Consejo Administrativo de la OIT, recuerda que el organismo está obligado a discutir en cada reunión la situación de Venezuela y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones, por lo que la situación laboral del país será un asunto que seguirá incomodando al Gobierno hasta que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
«En todos los Consejos de Administración se va a tocar el tema de Venezuela hasta que no esté resuelto. Cuando entras a una Comisión de Encuesta, es reiterativo que el tema se toque en cada consejo. Podemos tener certeza de que este proceso va a seguir bajo la lupa de la OIT hasta que resolvamos nuestras diferencias y demos por cerrado el caso», explicó.
Jorge Roig prefiere ser optimista al ver los avances que se han logrado con la presión desde la OIT. Aunque es reservado con respecto a sus pronósticos, espera mejoras en las políticas gubernamentales en materia laboral
Lo que esperan los expertos es que el contexto obligue al Gobierno a ceder en ciertos aspectos relativos a los tres convenios. Aunque probablemente no se cumplan todas las exigencias de empleadores y sindicatos, el chavismo dará su brazo a torcer en algunos aspectos como las elecciones sindicales.
«Si se establece un cronograma para que el CNE deje de intervenir en las elecciones sindicales, para que el Ministerio de Trabajo deje ser un órgano de control de las organizaciones sindicales, si se libera el ejercicio de la acción sindical y se permite la negociación colectiva con sindicatos autónomos y representativos, puede haber avances importantes», resaltó Richter.
Sin la OIT, el chavismo sigue su camino
Con las expectativas por un lado, el Gobierno traza su camino y su accionar por otro. Desde altas instancias empiezan a trabajar en cambios, al margen de las negociaciones y no necesariamente en respuesta de los sindicatos o los gremios de empleadores.
Desde hace años, el sector privado solicita una nueva Ley de Trabajo que se adapte a las necesidades de la economía actual, ya que lo dispuesto en la actual Lottt resulta siendo inaplicable o traduciéndose en problemas productivos.
El Gobierno ha sido enfático con su respuesta. No contemplan siquiera la posibilidad de una ley distinta. Por el contrario, ya preparan un paquete de leyes complementarias para reforzar el marco legal que ya crearon.
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Desde la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, ya asomó que se trabaja en la elaboración de varios instrumentos legales para «complementar la Lottt». El plan es que las leyes se elaboren antes de julio y se aprueben en menos de un año.
El diputado Anibal Sánchez Ismayel publicó una lista de 10 instrumentos legales «solicitados» por Maduro que abarcan distintos aspectos del trabajo:
- Ley de trabajadores que realizan labores para el hogar.
- Ley de trabajadores a domicilio.
- Ley de trabajadores motorizados.
- Ley de trabajadores del deporte profesional.
- Ley de trabajadores agrícolas.
- Ley del trabajo del transporte.
- Ley del trabajo de la navegación marítima, fluvial y lacustre.
- Ley del trabajo del transporte aéreo.
- Ley de trabajadores culturales.
- Ley del trabajo de personas con discapacidad.
▪️Ley de trabajadores agrícolas
▪️Ley del trabajo del transporte
▪️Ley del trabajo de la navegación marítima, fluvial y lacustre
▪️Ley del trabajo del transporte aéreo
▪️Ley de trabajadores culturales
▪️Ley del trabajo de personas con discapacidad ..— Anibal Sánchez Ismayel (@AnibalSanchezY) May 4, 2022
El razonamiento detrás de algunas de estas propuestas tiene que ver con la evolución de algunos procesos que no contempla la actual Lottt, como ocurre con el trabajo a domicilio, que se masificó a raíz de la cuarentena, dejando a miles de trabajadores desamparados ante ciertos vacíos legales que deja el marco legislativo actual.
Sin embargo, las intenciones o necesidades detrás de la ley no son el problema, sino la ausencia de consulta con los actores del sector laboral, que sigue aplicándose incluso en el marco de un diálogo social.
De hecho, otras prácticas demuestran que la vena autoritaria sigue presente. El secretario general del sindicato de CVG Ferrominera del Orinoco, Rubén González, denunció haber sido excluido del diálogo después de figurar como un invitado e incluso reunirse con la comisión de la OIT en privado.
«Allí hay una confabulación, una conspiración encabezada por José Ramón Rivero. El nos mandó a sacar del diálogo. Como es el ministro de Trabajo, adjudica quién entra y quién no»
Debido a esta experiencia, el dirigente sindical teme que el diálogo se convierta en un espacio para legitimar al gobierno chavista, lavarle la cara a su administración frente a la comunidad internacional y solicitar que retiren las sanciones.
«No va a venir la OIT y las centrales a lavarle la cara al régimen y a emitir un informe que diga que debemos aliviar las sanciones. Lo que queremos es que se restituya el Estado de derecho para los trabajadores, la democracia sindical y que se respeten los beneficios de los trabajadores», insistió.
Las posiciones encontradas y las dudas marcan un proceso de diálogo con la expectativa de que la OIT asuma la responsabilidad de defender los derechos legítimos de los trabajadores y denunciar en caso de que el Gobierno no cumpla con sus acuerdos.
Entretanto, las negociaciones continúan con la asesoría de la OIT, mientras se asoma el Consejo de Administración de junio, cuando se discutirán los avances del diálogo en Venezuela.
