Varias ONG piden a la ONU renovar misión independiente para Venezuela
La misión independiente investiga desde 2019 las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela desde 2014
La ONG Amnistía Internacional (AI), junto a 85 organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, solicitaron el lunes 17 de agosto a los países que integran el Consejo de DDHH de la ONU para que en el próximo periodo de sesiones en la instancia mundial se renueva y fortalezca el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Recordó AI que los Estados que son parte del Consejo de DDHH tienen la responsabilidad de garantizar los fondos suficientes para que dicha misión pueda hacer su trabajo y subrayó que tiene la capacidad de «recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de justicia internacionales, con el fin de evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela».
Indicó que ya tiene un año trabajando en la recopilación de información respecto a violaciones de derechos humanos, en las que se incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, y que aunque no han podido entrar a Venezuela, presentarán en septiembre un informe al respecto.
*Lea también: Humberto Prado: Desde marzo hasta la fecha han muerto más de 50 trabajadores de la salud
La petición explica que el informe a presentarse en septiembre “marcará un importante primer paso en la senda de la rendición de cuentas en Venezuela mediante la documentación de la participación de aquellas personas de las que se sospecha que son penalmente responsables”.
Destacó que es primordial que esa misión internacional continúe sus pesquisas sobre nuestro país en ese tenor porque las prácticas de violaciones a DDHH en la nación persisten, a pesar de que existe el ojo escrutador de la comunidad internacional. De hecho, manifestó que la pandemia de covid-19 ha acentuado la emergencia humanitaria que hay en Venezuela, donde muchos tienen cuesta arriba el acceso a los servicios públicos como agua, luz, gasolina y gas.
«Mientras tanto, la pandemia también ha servido como una justificación retorcida del gobierno de Nicolás Maduro para mantener y aumentar su represión de la disidencia, incluyendo a personal sanitario y periodistas», refiere el portal de AI.
Entre las organizaciones que se suman a la postura, dentro y fuera de Venezuela se encuentran: el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), el Observatorio Venezolano de Prisiones, el Observatorio Venezolano de derechos humanos de las Mujeres, Foro Penal y Justicia Capítulo Venezuela, entre otros.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aproximadamente 5,2 millones de venezolanos han abandonado el país debido a la grave crisis humanitaria, de los cuales 1,7 millones está en Colombia.
*Lea también: Diosdado Cabello reaparece en videoconferencia del PSUV tras especulación sobre su salud
El viernes 17 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) deliberó y aprobó una resolución en la que hace referencia a la responsabilidad de los Estados en proteger a la población de genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y depuración étnica donde la administración de Nicolás Maduro fue la única delegación que votó en contra de esta medida, que contó con el respaldo de 32 naciones y la abstención de otras 13.
100 presuntas agresiones contra personas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos se han registrado en el país durante los primeros seis meses de este 2020, así ha quedado registrado desde Cofavic a mediados de agosto.
Este reporte dejó en evidencia que la violencia, hostigamiento y medidas arbitrarias en contra de las ONG y sus equipos durante lo que va año, se ha venido agudizando, rebasando incluso el total de casos del 2019, que cerró con 84 registros.
A principios de julio, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, Michelle Bachelet, denunció que persiste un «patrón» de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas en Venezuela, a pesar del argumento del régimen de Nicolás Maduro de haber «sofocado» varios intentos subversivos en el país para intentar deponerlo y establecer una nueva administración.
«Me preocupan las presuntas alegaciones de torturas y detenciones arbitrarias a raíz de una presunta incursión militar. Estoy consciente que el Estado debe esclarecer estos hechos, pero debe respetar los derechos humanos y evitar las acciones documentadas», destacó.
